La ministra de Exteriores de Yemen, Afrah al Zouba, se reunió con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, para reiterar la «firme condena» del gobierno yemení ante los más recientes ataques hutíes contra el reino. «Yemen no aceptará que su territorio o sus aguas se utilicen para amenazar al reino, a los países vecinos o a la navegación internacional», declaró Al Zouba en redes sociales tras el encuentro.
La reunión abordó intereses comunes y los últimos acontecimientos regionales, con foco en lo que la canciller calificó como «atentados terroristas perpetrados por los hutíes». En los días previos, la insurgencia reivindicó ataques contra una refinería de Saudi Aramco en el puerto de Jizan, en el suroeste del reino, y contra posiciones «sensibles» en el aeropuerto de Najrán, en el sur del país.
El cuadro se complica con un bloqueo naval que los hutíes anunciaron a finales de julio contra Arabia Saudí. El portavoz de la insurgencia, Yahya Sari, lo justificó entonces como respuesta al «asedio» de Riad, en el contexto de una cadena de represalias que incluyó ataques al aeropuerto de Saná y el posterior bombardeo saudí sobre las instalaciones aeroportuarias de Abha.
La secuencia revela una lógica de escalada simétrica: cada golpe genera una respuesta que amplía el perímetro del conflicto. Los hutíes han pasado de atacar objetivos militares a apuntar a infraestructura energética y de transporte de alto valor económico, lo que eleva el costo potencial para los mercados de hidrocarburos y para la libertad de navegación en el mar Rojo y el golfo de Adén.
Conviene mirar los incentivos. El gobierno yemení reconocido —el que condena los ataques y se reúne con Riad— controla una fracción del territorio, mientras los hutíes administran las principales ciudades del norte, incluida Saná. Esa asimetría territorial limita la capacidad de Saná para garantizar lo que promete: que el suelo yemení no se use como rampa de lanzamiento.
El dato importa más que el ruido. Lo que está en juego no es solo la integridad de Arabia Saudí, sino la estabilidad de una ruta marítima por la que transita una porción significativa del comercio global. Un bloqueo naval efectivo —o incluso la amenaza creíble de uno— eleva los costos de seguro y flete, con efectos que se trasladan a consumidores y empresas mucho más allá de la península arábiga. La historia sugiere cautela: cada ciclo de represalias en este conflicto ha tendido a ampliar el radio de daño sin acercar una solución política.
