El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que insta al Consejo de Seguridad y a todos los miembros de Naciones Unidas a «condenar y rechazar» las sanciones estadounidenses contra la República Islámica.
En el documento, Araqchi califica la campaña financiera de la administración Trump como un «acto de terrorismo de Estado» y la describe como una «operación de exclusión económica» que, según alega, «ataca deliberada e indiscriminadamente a civiles» y priva a la población de «acceso a alimentos, medicinas, equipos médicos, energía y otras necesidades básicas».
Teherán argumenta además que las medidas «representan un intento de extender las leyes y políticas de Estados Unidos más allá de los límites de su jurisdicción legítima» y que constituyen «una clara desviación» del fallo de la Corte Internacional de Justicia del 3 de octubre de 2018, que instaba al ejecutivo estadounidense a retirar sanciones sobre bienes humanitarios e importaciones vinculadas a la seguridad de la aviación civil.
En términos jurídicos, Araqchi advierte que la campaña «conlleva responsabilidad internacional» y abre la puerta a exigir «compensación íntegra de todos los daños sufridos, tanto materiales como morales», incluyendo el pago de indemnizaciones y el restablecimiento del statu quo anterior.
Hasta ahora, pocos gobiernos han fijado posición pública frente a la presión de Washington. China es la excepción más visible: su gobierno anunció que adoptará «todas las medidas necesarias» para proteger sus relaciones económicas con Irán, una postura celebrada por Mohamed Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador.
Estados Unidos, por su parte, mantiene una campaña de coordinación con terceros países. El Secretario del Tesoro habló con el ministro de Finanzas de Bahréin, Salmán bin Jalifa al Jalifa, para «enfatizar la importancia de mantener una presión financiera constante sobre los principales pilares económicos de Irán», según difundió el Departamento del Tesoro. Ambos funcionarios «coincidieron en la importancia de una coordinación continua» entre Estados Unidos, Bahréin, los socios del Consejo de Cooperación del Golfo y la comunidad internacional.
Desde Teherán, el portavoz de Exteriores Esmaeil Baqaei respondió con sarcasmo: calificó el intercambio como una «auténtica parodia» y señaló que Washington «recurre a Bahréin —un país que prácticamente no mantiene relaciones económicas significativas con Irán— para demostrar que su 'coalición' funciona».
Conviene mirar los incentivos. La carta de Araqchi a la ONU es, ante todo, un instrumento de presión diplomática hacia los países que aún mantienen vínculos comerciales con Irán y que Washington amenaza con sanciones secundarias. El régimen de Teherán sabe que el Consejo de Seguridad difícilmente adoptará una resolución contraria a Estados Unidos, pero el recurso al derecho internacional le permite construir un relato de victimización útil para audiencias en el Sur Global y para disuadir a socios potenciales de ceder ante la presión estadounidense.
El dato importa más que el ruido. La respuesta de China —la única potencia que ha declarado abiertamente su intención de resistir las sanciones secundarias— es el verdadero termómetro de hasta dónde puede llegar el aislamiento financiero de Irán. Si Pekín mantiene su postura, la «operación de exclusión económica» de Trump encontrará un límite estructural que ninguna carta a Guterres, ni ninguna llamada a Bahréin, podrá resolver por sí sola.
