El tifón Narra obligó a trasladar preventivamente a más de 54.000 personas en la región meridional china de Guangxi, según informó la televisión estatal CCTV. En total, el sistema dejó al menos 61.000 personas afectadas en esa región, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones, crecidas repentinas y daños en infraestructuras.
Diez ríos y 15 estaciones hidrológicas superaron los niveles de alerta. Como medida preventiva, las autoridades suspendieron el tráfico marítimo en el estrecho de Qiongzhou —entre la provincia de Cantón y la isla de Hainan— desde el martes por la mañana.
Las autoridades meteorológicas chinas situaban el sistema este martes sobre el norte del mar de China Meridional, con previsión de que avanzara lentamente hacia el oeste y noroeste hasta tocar tierra con intensidad de tormenta tropical fuerte entre la noche del martes y la mañana del miércoles. La combinación del ciclón con los flujos monzónicos podría prolongar las precipitaciones y elevar el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de pequeños ríos y deslizamientos.
Güangxi no es territorio desconocido para este tipo de emergencias. A comienzos de julio, el tifón Maysak ya había provocado lluvias extremas e inundaciones en la región, con un balance de 159 muertos y 10 desaparecidos, según los datos disponibles.
Mientras los equipos de emergencia operaban en Guangxi, China mantenía bajo vigilancia a Saudel, el decimoctavo tifón de la temporada, que alcanzó la categoría de supertifón. Su trayectoria podría acercarlo al este del país en los próximos días, tras golpear las islas sureñas japonesas de Okinawa. La coincidencia de varios sistemas tropicales en el Pacífico noroccidental y el mar de China Meridional dibuja un verano de presión sostenida sobre la capacidad de respuesta del Estado chino.
El dato importa más que el ruido. Lo que revelan estas semanas no es solo la intensidad de una temporada ciclónica, sino la magnitud del aparato de gestión de emergencias que Pekín debe movilizar de forma recurrente: evacuaciones masivas, cortes de tráfico marítimo, activación simultánea de sistemas de alerta en múltiples provincias. El coste humano y económico de estos episodios —decenas de fallecidos y millones de evacuados en lo que va del verano, según la agencia EFE— recae sobre las comunidades locales y sobre el erario público, en un país donde la transparencia sobre el impacto real de los desastres naturales sigue siendo limitada.
Conviene mirar los incentivos. La gestión de catástrofes a esta escala exige instituciones con capacidad real de coordinación y rendición de cuentas. Cuando los sistemas de alerta y evacuación funcionan, salvan vidas; cuando la información se filtra a través de medios estatales como CCTV, el escrutinio independiente sobre la eficacia de la respuesta queda, inevitablemente, restringido.
