Un tribunal de primera instancia de Kuala Lumpur acusó este jueves al ex primer ministro Ismail Sabri de un presunto delito de ocultación de bienes, castigado con hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 100.000 ringgit (unos 24.798 dólares). Sabri, de 66 años, se declaró inocente y quedó en libertad bajo fianza tras depositar 300.000 ringgit (cerca de 74.500 dólares), según declaró a los medios su abogado defensor, Amer Hamzah Arshad.
La acusación, liderada por la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC), parte de investigaciones por presunta corrupción y blanqueo de capitales vinculadas a un programa impulsado durante su gobierno. La MACC solicitó a Sabri una declaración de bienes en enero de 2025; dos meses después realizó registros en su residencia y en pisos asociados a colaboradores de su administración. En esos registros se incautaron alrededor de 170 millones de ringgit (unos 42,2 millones de dólares) en efectivo en diversas divisas y 16 kilos de oro, fondos que no figuraban en la declaración presentada.
Sabri gobernó entre agosto de 2021 y noviembre de 2022, el mandato más corto en la historia del país. Llegó al poder después de que su partido, la Organización Nacional de los Malayos Unidos (UMNO), retirara su confianza al entonces primer ministro Muhyiddin Yassin. Su regreso al poder duró 15 meses: UMNO cayó derrotado en los comicios anticipados de 2022, en los que se impuso la formación del actual primer ministro Anwar Ibrahim.
Lo que convierte esta jornada en algo inusual es que, en el mismo día, otros dos ex primeros ministros comparecieron ante la justicia malasia por casos separados. Yassin, quien gobernó entre 2020 y 2021, enfrenta múltiples cargos de corrupción relacionados con programas de estímulo económico durante la pandemia de covid-19. Por su parte, Najib Razak, primer ministro entre 2009 y 2018, permanece en prisión desde 2022 por delitos de corrupción vinculados al desfalco del fondo soberano 1MDB. Sabri se convierte así en el tercer ex dirigente malasio procesado por cargos relacionados con la corrupción en la última década.
El dato importa más que el ruido. Tres ex jefes de gobierno ante los tribunales en una sola jornada no es una anomalía procesal: es el inventario de lo que produce un sistema político dominado durante seis décadas por un mismo partido, la UMNO, que perdió las elecciones de 2018 precisamente bajo el peso de acusaciones de corrupción contra sus principales líderes. La pregunta relevante no es si los acusados son culpables —eso lo determinará la justicia—, sino qué incentivos estructurales permitieron que el dinero de los contribuyentes y los recursos del Estado circularan durante tanto tiempo fuera de todo escrutinio.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el poder se concentra sin alternancia real, los mecanismos de rendición de cuentas se atrofian. Malasia ofrece hoy una lección de laboratorio: la alternancia electoral de 2018 y la de 2022 no resolvieron el problema de fondo, pero al menos activaron las instituciones anticorrupción. El proceso judicial en curso es, en ese sentido, una señal de que las instituciones pueden funcionar cuando el monopolio político se rompe. La historia sugiere cautela sobre el desenlace, pero el solo hecho de que los ex líderes comparezcan ante un tribunal ya representa un cambio de régimen de incentivos.
