El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, anunció el lunes que su gobierno propondrá un presupuesto de Defensa de 1,12 billones de dólares taiwaneses —unos 35.318 millones de dólares— para 2027, un incremento del 18 % respecto al ejercicio de 2026. La cifra constituiría un récord histórico para la isla.
La respuesta de Pekín no tardó. En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Zhu Fenglian, calificó la medida de «despilfarro» del dinero «ganado con el esfuerzo del pueblo taiwanés». Según Zhu, el Partido Democrático Progresista, en el poder desde 2016, ha tomado «la senda equivocada del militarismo desenfrenado», recortando gasto social y arrastrando a Taiwán «hacia un abismo de catástrofe».
La portavoz añadió que el incremento presupuestario «sin duda será rechazado por la opinión pública» taiwanesa. El argumento es conocido: Beijing enmarca cualquier fortalecimiento defensivo de Taipéi como provocación separatista, no como respuesta a una amenaza real.
Lai, por su parte, fue directo: «Invertir en defensa es invertir en la paz; seguiremos construyendo una capacidad de defensa más sólida para preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región». El desglose completo de las partidas presupuestarias se presentará el 20 de agosto.
El contexto es doble. Por un lado, la presión militar de Pekín, que considera Taiwán «parte inalienable» de su territorio y no descarta el uso de la fuerza. Por otro, las exigencias de Washington, que insiste en que Taipéi debe asumir mayor responsabilidad en su propia defensa. El aumento responde, pues, a incentivos estratégicos convergentes: disuasión frente a China y alineamiento con los requerimientos del aliado estadounidense.
El obstáculo inmediato es doméstico. El Parlamento taiwanés está controlado por la oposición, que favorece estrechar lazos con Pekín, y tiene la última palabra sobre las cifras definitivas. La propuesta del ejecutivo deberá sobrevivir ese filtro legislativo antes de convertirse en ley.
Conviene mirar los incentivos. La retórica de Zhu sobre «gasto social recortado» invierte deliberadamente la lógica: es precisamente la amenaza militar de Beijing la que obliga a Taipéi a reasignar recursos. Llamar «despilfarro» a la disuasión es una táctica de presión psicológica, no un argumento presupuestario.
El dato importa más que el ruido. Taiwán gasta en defensa lo que la presión de su vecino y la geometría de sus alianzas le exigen. Un estrecho de Taiwán estable no es un bien gratuito; tiene un precio en dólares taiwaneses, y ese precio acaba de subir un 18 %. La pregunta relevante no es si el gasto es alto, sino si es suficiente para sostener la disuasión que mantiene la paz en una de las franjas marítimas más estratégicas del planeta.
