La revisión del T-MEC está generando una discusión que va mucho más allá de los aranceles. México y Estados Unidos han comenzado a hablar de fortalecer cadenas regionales de suministro y reducir la dependencia de importaciones provenientes de Asia, lo que podría representar el cambio más importante en la integración económica de América del Norte desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994.
Los números del desequilibrio son elocuentes. En 2025 México importó de China alrededor de 120 mil millones de dólares, mientras sus exportaciones hacia ese país fueron apenas superiores a 9 mil millones, lo que arroja un déficit bilateral superior a 110 mil millones de dólares. Pero la magnitud del déficit no es lo más relevante: una parte sustancial de esas importaciones son insumos productivos —componentes electrónicos, circuitos integrados, maquinaria, autopartes, equipo eléctrico, instrumentos médicos— que alimentan las propias exportaciones mexicanas. México exporta automóviles, computadoras, televisores y equipo médico, pero una proporción considerable de los componentes que incorpora sigue siendo importada. Esa es la paradoja estructural que la coyuntura actual obliga a corregir.
La propuesta que circula en este debate es una Estrategia de Sustitución Regional de Importaciones 2026-2035, articulada en cinco cadenas prioritarias: electrónica y semiconductores; maquinaria y equipo eléctrico; automotriz y electromovilidad; farmacéutica y dispositivos médicos; y minerales críticos, energía y nuevos materiales. El objetivo no sería protección indiscriminada, sino identificar lo que América del Norte compra fuera de la región y que puede producirse competitivamente dentro de ella.
México está experimentando además una expansión extraordinaria de sus exportaciones de equipo de cómputo vinculada al auge de la inteligencia artificial. Pero buena parte de ese éxito sigue dependiendo de componentes tecnológicos producidos en Asia. El salto pendiente es pasar del ensamble a la producción de componentes, de los componentes al diseño y del diseño a la innovación. Corea del Sur y Japón recorrieron trayectorias similares durante su industrialización: utilizaron las exportaciones como mecanismo de aprendizaje y las políticas públicas empujaron a las empresas a desarrollar capacidades nacionales propias.
Para financiar ese salto, la propuesta contempla transformar NAFIN y Bancomext en instrumentos activos de transformación productiva, en lugar de operar principalmente como banca de segundo piso. También se plantea un tratamiento fiscal preferencial para utilidades reinvertidas en maquinaria, digitalización, inteligencia artificial, investigación y desarrollo, y nuevas plantas productivas. Las compras públicas —gobierno, CFE, Pemex, IMSS y grandes obras de infraestructura— constituirían otro palanca para desarrollar proveedores nacionales bajo criterios de productividad y escalamiento tecnológico.
La lectura de Continente es la siguiente. La oportunidad es real y el diagnóstico, en lo esencial, correcto: tres décadas de plataforma exportadora sin entramado productivo interno es una vulnerabilidad estratégica, no un modelo de desarrollo. La coyuntura —revisión del T-MEC, tensión geopolítica con China, auge del nearshoring— difícilmente se repetirá en los próximos veinte años.
Conviene mirar los incentivos, sin embargo. Convertir a NAFIN y Bancomext en brazos de política industrial activa, movilizar compras públicas de Pemex y CFE como instrumento de desarrollo de proveedores, y diseñar tratamientos fiscales diferenciados son herramientas que en manos de un aparato estatal con rendición de cuentas débil tienden a derivar en captura de rentas y asignación política del crédito. La historia de América Latina sugiere cautela: el problema no fue nunca la ambición industrial, sino la ausencia de disciplina competitiva sobre las empresas beneficiadas. Si México quiere el resultado coreano, necesita también la exigencia coreana de resultados exportables medibles. Sin esa contraparte, el riesgo es financiar ineficiencia con dinero de los contribuyentes.
