Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, conducía hacia su trabajo en Houston, Texas, acompañado de su hermano y dos pasajeros más cuando agentes de inmigración comenzaron a seguir su vehículo. Lo detuvieron y le dispararon un tiro fatal a través de la ventanilla del copiloto. Seis días después, en Biddeford, Maine, Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, fue detenido en una intersección —frente a la lavandería a la que solía ir con su hija de tres años— y murió tras recibir un disparo.
Según el registro del medio especializado The Trace, ambos hombres fueron la 29ª y 30ª personas contra las que agentes de inmigración han abierto fuego desde que Donald Trump asumió el cargo. Ocho de esos treinta casos resultaron fatales. Esta semana, un hombre más murió en Florida al ser atropellado por un camión mientras huía de agentes de ICE. Veintidós personas han fallecido bajo custodia de ICE, incluidas en centros de detención, durante el año en curso.
Ninguno de los dos hombres abatidos era el objetivo original de las operaciones. Salgado Araujo, originario de México, llevaba 35 años viviendo y trabajando en Estados Unidos; era esposo y padre de tres hijos con ciudadanía estadounidense. Durán Guerrero, colombiano, trabajaba en varios empleos para sostener a su esposa e hija.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE, emitió declaraciones tras cada incidente. Afirmó que Salgado Araujo «usó su vehículo como arma» contra los agentes, y que los oficiales que dispararon a Durán Guerrero lo hicieron «temiendo por la seguridad pública». Según la fuente, videos de testigos han puesto en duda ambas versiones oficiales.
Las reacciones no se hicieron esperar. En Houston, miles de manifestantes marcharon para exigir la salida de ICE de la ciudad y el fin de toda cooperación entre la policía local y la agencia federal. Más de un centenar de residentes se inscribieron para dirigirse al alcalde John Whitmire y al concejo municipal en la primera sesión celebrada tras la muerte de Salgado Araujo. En Maine, cientos de personas salieron a las calles de Biddeford y organizaron una vigilia; sin embargo, muchos amigos de Durán Guerrero evitaron hablar públicamente por temor a represalias de ICE contra la comunidad latina local, según Maine Public. El padre de Durán Guerrero, Omar, dijo en una entrevista con Telemundo que su hijo «tenía una visión fuerte de salir adelante, muchos sueños por cumplir».
El hijo mayor de Salgado Araujo, Ronaldo, relató que reconoció a su padre en un video de Facebook por el sonido de su voz pidiendo ayuda. Vecinos describieron a la pareja e hija de Durán Guerrero —la niña en pijama de Bluey— corriendo hacia la escena.
Conviene mirar los incentivos. La política de deportaciones masivas responde a un mandato electoral claro y a una promesa que la administración Trump ha cumplido con determinación operativa. El dato importa más que el ruido: la eficacia de largo plazo de cualquier programa de seguridad interior depende de que sus agentes actúen con disciplina y proporcionalidad, no solo de que actúen con rapidez. Cuando los operativos alcanzan a personas que no eran sus objetivos y las versiones oficiales son contradichas por evidencia en video, el costo no es solo político: es el de la credibilidad institucional que sostiene el propio proyecto.
La historia sugiere cautela. Un aparato de deportaciones que no rinde cuentas internas termina siendo un argumento en manos de quienes buscan desmantelarlo por completo. La administración tiene razón en hacer cumplir la ley migratoria; tiene todo que ganar en demostrar que sus agentes operan con protocolos verificables y consecuencias reales cuando no los siguen.
