El primer ministro sudanés, Idris, afirmó este domingo que el proceso político para encarrilar la transición en Sudán comenzará «pronto» y culminará en elecciones libres y justas. Lo dijo ante una delegación del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA), organismo del que Sudán está suspendido desde el golpe de Estado de 2021.
El anuncio llega dos días después de que el líder militar, Abdelfatah al Burhan, adelantara el lanzamiento de un mecanismo independiente para facilitar un «diálogo sudanés integral». Sin embargo, al Burhan condicionó cualquier avance a que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) deponga las armas, una exigencia que las FAR no han aceptado.
La guerra entre el Ejército y las FAR estalló en abril de 2023. Desde entonces, según la ONU, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo a Sudán en el escenario de la peor crisis de desplazamiento del planeta.
Idris trasladó a la delegación de la UA que el objetivo principal de su Gobierno —controlado por la cúpula militar— es «restaurar la paz y salvaguardar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Sudán». Además, pidió que las FAR sean clasificadas como organización terrorista y que el Ejército no sea equiparado con los paramilitares, a quienes describió como «mercenarios ilegales» que «ya no existen» como organización.
La UA, por su parte, reafirmó su compromiso con el respeto a la soberanía sudanesa y con la «no injerencia» en sus asuntos internos, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Jartum. El Gobierno sudanés ha denunciado en múltiples ocasiones que se le intenta imponer una agenda desde el exterior.
Los detalles del proceso político siguen sin conocerse. Varios grupos opositores ya han lanzado críticas, argumentando que no es posible articular un diálogo real en un momento de profunda división territorial y ante la magnitud de la crisis humanitaria. Todos los intentos previos de paz —muchos liderados por la propia UA— han fracasado, tanto por falta de voluntad política como por los rápidos desarrollos en los frentes de batalla, especialmente en las regiones de Kordofán y Darfur.
Conviene mirar los incentivos. El Gobierno de Jartum anuncia diálogo mientras exige la rendición previa del adversario: una condición que, en la práctica, convierte el proceso político en un instrumento de presión militar antes que en una genuina apertura. La UA, suspendida del país desde 2021, llega con escasa palanca real y sale con un comunicado sobre soberanía que, en el mejor de los casos, aplaza decisiones. El dato importa más que el ruido: 14 millones de desplazados no esperan el calendario diplomático. Mientras las potencias regionales y los mediadores internacionales debaten procedimientos, la catástrofe humanitaria acumula costos que ningún proceso político posterior podrá revertir fácilmente. La historia sugiere cautela ante promesas de transición que llegan sin plazos, sin mecanismos verificables y sin un cese del fuego previo.
