En junio, el Gobierno suizo anunció que retirará por completo su cooperación para el desarrollo de América Latina y redirigirá esos recursos hacia países de renta más baja en África y Asia. La medida entra en vigor en 2029. No hubo escándalo ni protesta: una decisión soberana, razonable y silenciosa.
El caso suizo no es aislado. En 2025 quedó suspendida cerca del 84% de la ayuda estadounidense al desarrollo destinada a América Latina. Desde Guatemala hasta el Darién, organizaciones recortaron programas, prescindieron de personal o cerraron. Un colectivo guatemalteco que ofrecía pruebas y tratamiento de VIH dejó de hacerlo por falta de recursos. El patrón es inconfundible: los donantes globales están reordenando prioridades y América Latina —más rica en el papel de lo que se siente en la calle— está siendo reclasificada fuera de su generosidad.
Panamá enfrenta una exposición particular. El canal, el centro financiero y los indicadores macroeconómicos que el país cita con orgullo son precisamente los argumentos que un financiador extranjero usa para concluir que ya no califica. Durante décadas, una parte considerable del sector social panameño se sostuvo con dinero de donantes que nunca estuvieron obligados a seguir dándolo. Se trató esa cooperación como infraestructura permanente —tan segura como una carretera— cuando en realidad siempre fue el gasto discrecional de otro, sujeto a política, presupuesto y cambio de parecer.
Sobre esa base se montaron programas, se contrató personal y se hicieron promesas a comunidades enteras, sin plantearse la única pregunta que importaba: ¿qué pasa el día que se acabe?
El dato alentador existe. Un estudio reciente sobre fundaciones familiares y corporativas en Panamá encontró que 31 de ellas invirtieron más de 24 millones de dólares en un solo año. Es dinero real, dado por panameños a causas panameñas. Se concentra fuertemente en uno o dos sectores y no cubre el vacío que deja la cooperación internacional, pero demuestra que la filantropía local no es una fantasía. Lo que falta, según el diagnóstico, no es la riqueza: es la arquitectura —el hábito, la gobernanza, los mecanismos que convierten la generosidad en permanencia.
Conviene mirar los incentivos. Durante años, la disponibilidad de financiamiento externo redujo la urgencia de construir instituciones propias sólidas. La cooperación internacional funcionó, sin quererlo, como un subsidio a la debilidad institucional. Ahora que ese subsidio se retira, la fragilidad queda expuesta sin amortiguador.
El dato importa más que el ruido. No se trata de una crisis provocada por un gobierno ni resuelta por una elección. Es un reajuste estructural del orden global de la ayuda al desarrollo, y Panamá —por sus propios méritos económicos— está en el extremo menos favorecido de ese reajuste. La historia sugiere cautela ante quienes propongan sustituir la cooperación perdida con más gasto público: el problema no es de recursos sino de instituciones capaces de administrarlos con continuidad y rendición de cuentas.
La marea se retira. Lo que quede en pie dependerá de si el sector privado, las fundaciones y las juntas directivas panameñas asumen la arquitectura institucional que el financiamiento externo nunca tuvo incentivos para exigir. Esa es, en el fondo, una oportunidad para que la libre empresa y la filantropía local demuestren que pueden sostener lo que el Estado y los donantes extranjeros no supieron —o no quisieron— garantizar.
