Netflix y Prime Video han presentado recursos ante el Consejo de Estado francés contra las nuevas normas de financiación obligatoria introducidas en el decreto AVMS en 2026. Según un reporte de Satellifacts, Disney+ también ha impugnado las mismas regulaciones. Un portavoz de Prime Video confirmó la acción legal y precisó que «no cuestiona el compromiso con la producción creativa francesa», sino que busca «un marco regulatorio equilibrado, justo y jurídicamente sólido».
El detonante es la llamada regla de «diversidad»: la normativa duplica de forma inmediata la obligación de las plataformas de suscripción de invertir en animación, documentales y espectáculo en vivo, géneros que ya contaban con subcuotas previas. La vicepresidenta de Contenido de Netflix Francia, Pauline Dauvin, publicó un artículo de opinión en Le Monde en el que advierte que las nuevas exigencias «intentan fijar en la ley el equilibrio exacto de géneros de nuestra oferta» y limitan la capacidad de apoyar drama, comedia y contenido sin guion. La clave del agravio, según Netflix, es la asimetría: las cadenas de televisión tradicionales quedan exentas de obligaciones equivalentes.
Netflix invierte actualmente más de €250 millones anuales en series, películas y documentales franceses, y afirma haber aportado más de €2.000 millones a la economía creativa del país desde su llegada en 2014, con más de 160 producciones locales. A pesar de ese historial, la compañía sostiene que sin un techo a las obligaciones de gasto su presencia en el territorio podría volverse insostenible. En paralelo al recurso sobre las reglas de diversidad, Netflix mantiene abierto otro recurso —presentado el año pasado— contra las regulaciones de ventanas de exhibición en Francia, que señala como la razón principal por la que no compite en la Sección Oficial del Festival de Cannes.
El frente europeo se amplía. En marzo de 2025, Netflix perdió una apelación similar en Bélgica sobre obligaciones de gasto. En junio, el director para EMEA, Larry Tanz, criticó las nuevas cargas regulatorias en Alemania y advirtió contra un enfoque de «talla única» en materia de retención de derechos. Las nuevas normas francesas fueron impulsadas por grupos de autores y productores, en especial del sector de la animación, y están previstas para entrar en vigor de forma gradual en los próximos años.
El dato importa más que el ruido. Francia aplica, según Prime Video, «las obligaciones más pesadas de la Unión Europea» para los servicios de streaming bajo el decreto SMAD. Añadir una segunda capa de cuotas sectoriales, sin extender cargas equivalentes a los operadores tradicionales, no es política cultural: es intervención editorial con nombre y apellido de plataforma. Cuando el Estado legisla el porcentaje exacto de cada género en una parrilla privada, la «diversidad» se convierte en un formulario burocrático, y los incentivos para invertir —que son los que sostienen empleos reales y producción local— se erosionan.
Conviene mirar los incentivos. Netflix llegó a Francia hace once años, construyó un catálogo de producciones locales reconocidas internacionalmente y superó los €2.000 millones en contribución acumulada. Ese resultado no lo produjo ningún decreto: lo produjeron contratos voluntarios entre creadores y una plataforma con incentivos para encontrar audiencias. La regulación que premia géneros por mandato político, en lugar de por demanda real, redistribuye rentas hacia sectores con mejor lobby, no hacia los espectadores. El Consejo de Estado tendrá ahora la última palabra sobre si ese modelo es compatible con el derecho europeo.
