El verano llegó demasiado pronto al principal cinturón arrocero de Europa. En la provincia de Pavia, a unos 60 kilómetros al sur de Milán, los agricultores contemplan campos resecos que las malas hierbas han comenzado a colonizar ante la ausencia de lluvias primaverales suficientes.
Sharon Angoli, de 22 años, describió uno de sus arrozales como irrecuperable. «Ese ya está perdido, pase lo que pase», dijo al observar la parcela. Ni siquiera precipitaciones abundantes durante el resto del verano bastarían para salvar ese cultivo, según su propio diagnóstico.
Su padre, Carlo Angoli, cifró la necesidad mínima en unos 50 milímetros de lluvia, aunque sin granizo. La familia cultiva en Torre Beretti y teme también por sus otras parcelas, cuya cosecha está prevista para septiembre.
Pavia produce regularmente cerca de cinco millones de toneladas de arroz al año, lo que la convierte en el núcleo de la industria arrocera italiana y en una referencia para el abastecimiento continental. La situación de los ríos que descienden de los Alpes hacia el Adriático ha sido calificada de «crítica» por la sequía.
La ola de calor registrada en junio se cuenta entre las más severas que haya sufrido el continente europeo, según la información disponible.
El seguro como último recurso
Ante la magnitud del daño, Carlo Angoli aludió con ironía a la única salida financiera visible: una granizada en septiembre que active la cobertura del seguro agrícola. El comentario, hecho en tono de broma, ilustra la precariedad en que han quedado los productores: la única esperanza de compensación económica pasa por un siniestro adicional, no por la recuperación del cultivo.
Esa dependencia del mecanismo asegurador merece atención. Los seguros agrícolas en Europa están en buena parte subvencionados o respaldados por instrumentos de la política agraria común, lo que traslada parte del riesgo climático al erario público. Cuando los fenómenos extremos se acumulan —sequía primaveral, posible granizo estival—, la presión sobre esos fondos crece y, con ella, el debate sobre quién absorbe el costo real de cultivar en condiciones cada vez más volátiles.
Conviene mirar los incentivos. Un sistema que compensa mejor el siniestro catastrófico que la gestión preventiva del agua o la diversificación de cultivos no necesariamente orienta al agricultor hacia las decisiones más eficientes. La historia sugiere cautela ante soluciones que amplían la cobertura pública sin reformar los mecanismos de precio y riesgo que guían las decisiones en el campo.
El dato importa más que el ruido: cinco millones de toneladas anuales en una sola provincia representan una cadena de valor que va del productor al consumidor final en toda Europa. Una cosecha dañada en Pavia se traduce en presión sobre precios minoristas y en tensión para las industrias procesadoras que dependen de ese suministro. La respuesta más duradera no está en ampliar subsidios de emergencia, sino en infraestructura hídrica, mercados de agua funcionales y seguros con precios que reflejen el riesgo real.
