El debate sobre la eutanasia volvió a circular en ciertos ámbitos argentinos en agosto de 2026, en paralelo a la discusión sobre la crisis de financiamiento del sistema de salud y la sostenibilidad de las cajas de jubilaciones y pensiones. No es una coincidencia menor.
La jubilación mínima vigente asciende a $419.775,93. Con el bono adicional de $70.000, el ingreso total alcanza $489.775,93. Ese es el resultado, según el artículo publicado en Infobae, de cuarenta años de aportes de trabajadores y empleadores. El sistema de salud, por su parte, expulsa a jubilados —por vía activa o por simple insolvencia— cuando los honorarios profesionales y los medicamentos superan lo que ese ingreso puede cubrir.
El texto, firmado como columna de opinión, recurre a dos novelas para enmarcar el fenómeno: La guerra del cerdo, de Bioy Casares, donde la sociedad acuerda progresivamente que los mayores «sobran», y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, donde los bomberos queman libros no por orden de un tirano sino porque la mayoría prefirió las pantallas. La analogía es precisa: el abandono no llega por decreto, sino por acumulación de indiferencias.
La descripción de los geriátricos es concreta: habitaciones de cuatro camas, rutinas mecánicas, medicamentos para dormir, televisor como ruido de fondo, visitas cada vez más cortas. Los cuidados paliativos integrales y sostenidos, señala el artículo, «solo acceden algunos». El resto queda en un sistema que, según el autor, «les horadó la dignidad».
La tesis central es que la propuesta de «morir dignamente» aparece precisamente cuando el Estado no garantiza jubilación digna, geriátrico decente, medicación oportuna ni paliativos adecuados. «La impotencia y la crueldad se pueden disfrazar de compasión», escribe. «El problema se soluciona borrando al que lo sufre».
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Conviene mirar los incentivos. Un sistema previsional insolvente y un Estado que no puede financiar cuidados paliativos universales generan una presión estructural sobre los más vulnerables. En ese contexto, abrir el debate sobre la eutanasia sin antes resolver el piso mínimo de dignidad —ingreso, salud, acompañamiento— invierte el orden lógico: primero se retira el soporte, luego se ofrece la salida.
El dato importa más que el ruido. $489.775,93 al mes, tras cuarenta años de aportes, es la cifra que define el margen real de libertad de un jubilado argentino. Cualquier discusión sobre autonomía al final de la vida que ignore ese número es, en el mejor de los casos, incompleta. La historia sugiere cautela ante los atajos que el aparato estatal presenta como compasión: cuando el sistema falla en lo básico, la solución que propone suele beneficiar al presupuesto antes que al ciudadano.
