El gobierno de Benjamin Netanyahu aceleró esta semana su política de asentamientos en Cisjordania al publicar una licitación para la construcción de más de 1.200 viviendas en la zona E1, al este de Jerusalén. El objetivo declarado es crear un bloque continuo de asentamientos desde Jerusalén Este hasta Cisjordania, lo que dividiría la región en norte y sur e imposibilitaría la formación de un Estado palestino contiguo.
Las ofertas deben presentarse una semana antes de las elecciones israelíes previstas para finales de octubre. Los hogares proyectados representan casi la mitad de las 3.401 unidades aprobadas hace un año. La licitación se produce además mientras una apelación presentada en junio ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén aguarda respuesta del Estado, plazo que vencía este septiembre.
La organización israelí Peace Now calificó la convocatoria como «una maniobra de último minuto que forma parte de la política de tierra arrasada que el gobierno está llevando a cabo al final de su mandato para asegurar largos años de conflicto y derramamiento de sangre para Israel».
La reacción internacional no tardó. En una declaración conjunta, los líderes de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Noruega y Países Bajos advirtieron que «las empresas no deben considerar presentar ofertas a las licitaciones para estos proyectos de construcción» y señalaron el «riesgo de convertirse en cómplices de graves violaciones del derecho internacional». El comunicado, difundido por la presidencia francesa, subrayó que «el derecho internacional es claro: los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales», posición que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha reafirmado. En mayo pasado, Canadá, Australia y Alemania ya habían lanzado advertencias similares a las empresas privadas.
Según los líderes europeos, el asentamiento E1 «comprometerá las perspectivas de una solución de dos Estados al crear una división a través de Cisjordania y vulnerar la continuidad territorial de los Territorios Palestinos». El comunicado añade que la decisión resulta «aún más preocupante» en un contexto de «niveles de violencia sin precedentes por parte de los colonos contra la población civil y graves restricciones a la economía palestina».
CNN señaló que durante años el Ejecutivo israelí retrasó intencionadamente la planificación en E1 precisamente por las presiones internacionales. El giro bajo Netanyahu es, por tanto, deliberado y medible.
Conviene mirar los incentivos. La licitación se publica a días de unas elecciones, lo que sugiere que el calendario político interno pesa tanto como la estrategia territorial. Para los gobiernos europeos, la advertencia a las empresas privadas es el único instrumento de presión disponible a corto plazo: sanciones reputacionales y riesgo legal para quienes participen en los contratos. El dato importa más que el ruido diplomático: si ninguna empresa de peso presenta ofertas, la licitación queda en papel. Si las presentan, el corredor E1 avanza con independencia de los comunicados.
Lo que está en juego es el equilibrio entre soberanía de decisión de un Estado democrático en guerra y las normas del orden internacional que ese mismo Estado invoca cuando le conviene. La historia sugiere cautela ante ambos extremos: ni la condena automática resuelve el conflicto, ni ignorar las consecuencias jurídicas y geopolíticas de fragmentar un territorio hace más segura la región.
