La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración propondrá la instalación de gabinetes para resguardar teléfonos celulares en escuelas y restaurantes de la capital. El anuncio se produjo en el contexto de la consulta nacional a docentes que arrancó la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el uso de estos aparatos en los planteles.
Los gabinetes, presentados en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, son fabricados por personas privadas de la libertad bajo la marca «Hazme Valer». Andrés Ponce Aceituno, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mostró dos modelos: uno con 24 espacios y otro con 30, ambos equipados con cerraduras individuales.
La lógica del dispositivo es sencilla: los alumnos depositan su teléfono al inicio de la jornada, cierran el compartimento con llave y lo recuperan al salir. En restaurantes, la propuesta apunta a que las familias completen una comida sin interrupciones digitales. Brugada también anunció un decálogo para las infancias sobre el uso de estos aparatos y una campaña masiva de comunicación digital.
El aparato estatal como árbitro del tiempo libre
Conviene mirar los incentivos. La propuesta capitalina llega cuando la SEP realiza una consulta nacional cuyo resultado podría derivar en regulación federal. La Ciudad de México se adelanta con una medida propia, lo que le permite posicionarse en el debate sin esperar el dictamen de la federación.
El dato importa más que el ruido: los gabinetes no son una prohibición formal. No existe, según las fuentes disponibles, ninguna norma que obligue a escuelas o restaurantes a adquirirlos. Se trata, por ahora, de una propuesta voluntaria. La diferencia entre sugerencia y mandato es la que separa una política de salud pública de una nueva carga regulatoria para el sector privado.
Ahí reside la pregunta que la administración capitalina no ha respondido con claridad: ¿quién financia la instalación de estos gabinetes en los planteles públicos? ¿El presupuesto de la Ciudad de México, las escuelas, o los propios restaurantes? Si el costo recae sobre los establecimientos privados, la medida se convierte en una externalidad impuesta por decreto de buenas intenciones. Si lo absorbe el erario capitalino, el contribuyente estará pagando por un problema cuya solución más eficiente podría ser la responsabilidad de las familias y los directivos escolares.
La historia sugiere cautela. México acumula décadas de políticas públicas que arrancan como campañas voluntarias y terminan como obligaciones con multa. El hecho de que los gabinetes sean producidos por reclusos bajo una marca institucional —«Hazme Valer»— indica que ya existe una cadena de suministro pública lista para escalar. Eso no es malo en sí mismo: la reinserción productiva de personas privadas de la libertad es un objetivo legítimo. Pero mezclar ese objetivo con una política educativa en ciernes complica la evaluación de cada componente por separado.
El fondo del debate —cuánto tiempo pasan los menores frente a pantallas y qué consecuencias tiene— es legítimo y está respaldado por evidencia internacional creciente. Lo que está por verse es si la respuesta correcta es un gabinete con llave administrado por el aparato estatal, o si bastaría con devolver esa decisión a las familias y a los directores de escuela, sin intermediación burocrática.
