Las autoridades indonesias elevaron este lunes a 100 el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la isla de Flores el pasado 15 de agosto. El balance oficial, presentado por Suharyanto, director de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB), suma además 1.603 heridos, más de 180.000 desplazados y 73.818 viviendas dañadas, junto a 1.915 instalaciones públicas afectadas.
El epicentro se ubicó unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento inicial generó olas de cerca de un metro de altura.
Desde entonces, la región ha registrado más de 6.400 réplicas con magnitudes de entre 1,1 y 6,2. Unas 140 han sido perceptibles para los residentes, lo que mantiene a miles de personas en los centros de desplazados habilitados por las autoridades y frena el retorno a los hogares. La agencia meteorológica indonesia (BMKG) anticipa que la actividad sísmica podría continuar durante las próximas tres o cuatro semanas antes de estabilizarse.
En materia de asistencia humanitaria, la BNPB informó que hasta el domingo se habían entregado casi 1.000 toneladas de material, incluyendo tiendas de campaña, colchones, alimentos y productos sanitarios. Más de 500 toneladas de ayuda adicional estaban aún pendientes de transporte.
Indonesia forma parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, zona de intensa actividad sísmica y volcánica originada por la convergencia de varias placas tectónicas. El país carga con la memoria del terremoto de magnitud 9,1 ocurrido en 2004 frente a las costas de Sumatra, que desencadenó un tsunami y dejó cerca de 167.000 muertos en Indonesia y unos 55.000 fallecidos adicionales en otros trece países de Asia y África.
El dato importa más que el ruido. Lo que ocurre en Flores ilustra una vulnerabilidad estructural que ningún gobierno puede ignorar: la capacidad de respuesta del aparato estatal ante desastres de gran escala determina, en buena medida, cuántos de esos 180.000 desplazados logran reconstruir su vida en semanas o en años. La brecha entre las casi 1.000 toneladas de ayuda ya entregadas y las más de 500 aún pendientes de transporte no es un detalle logístico menor; es el margen entre la asistencia oportuna y el sufrimiento evitable.
Conviene mirar los incentivos. Los sistemas de alerta temprana, la construcción resistente a sismos y la descentralización de reservas humanitarias no son gastos superfluos: son la infraestructura que convierte una tragedia natural en una crisis manejable. La historia sugiere cautela respecto a los países que postergan esa inversión hasta que el siguiente sismo vuelve a poner el costo sobre la mesa.
