El pastor Ezra Jin Mingri, fundador de una de las iglesias subterráneas más influyentes de China, aterrizó en Los Ángeles el 4 de julio de 2026 tras nueve meses de detención en la ciudad sureña de Beihai. La organización ChinaAid confirmó su llegada en un comunicado y describió el traslado como «un arreglo diplomático extraordinario».
Jin había sido arrestado en octubre junto con otros líderes de la Iglesia Sion durante lo que grupos cristianos calificaron como uno de los operativos más severos contra la actividad religiosa en la historia reciente del país. Dieciocho líderes eclesiásticos fueron detenidos en esa redada y acusados de «uso ilegal de redes de información», según Al Jazeera.
La liberación se produjo semanas después de que el presidente Donald Trump planteara el caso ante el presidente Xi Jinping durante su visita a Pekín en mayo. Trump declaró en su momento que Xi estaba «considerando seriamente» la liberación del pastor. Según ChinaAid, «funcionarios chinos le informaron que su liberación fue resultado de conversaciones entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping, y fue presentada como un gesto de buena voluntad coincidiendo con el Día de la Independencia de Estados Unidos».
La familia del pastor agradeció públicamente al mandatario estadounidense y a su administración «por su tremendo liderazgo», y señaló que el desenlace «no habría sido posible sin la intervención directa del presidente Xi Jinping». Grace Jin, hija del pastor, confirmó que fue ella quien comunicó a la delegación estadounidense la situación de su padre antes de la cumbre de mayo.
El Wall Street Journal calificó la liberación de Jin como «un gesto de buena voluntad sorpresivo» de Pekín hacia Trump. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino no emitió comentario oficial alguno sobre el caso.
La Iglesia Sion, fundada por Jin en Pekín en 2007, es una de las congregaciones subterráneas más grandes del país. Las autoridades clausuraron sus instalaciones físicas en 2018, pero el grupo continuó operando en línea, alcanzando a miles de fieles. China permite únicamente cuatro iglesias cristianas reconocidas por el Estado, que operan bajo doctrina del Partido Comunista; las congregaciones no registradas enfrentan redadas, multas y arrestos.
Maya Wang, directora adjunta para Asia de Human Rights Watch, celebró la liberación pero advirtió que «al menos ocho miembros de la Iglesia Sion permanecen detenidos en China» y exigió la liberación de todos ellos.
El episodio ilustra una tensión estructural en las relaciones entre Washington y Pekín: el régimen chino administra la religión como instrumento de control político, y cualquier concesión en materia de libertad de culto ocurre en el marco de una negociación más amplia, no como reconocimiento de un derecho. Conviene mirar los incentivos: Pekín cedió en un caso de alta visibilidad mediática precisamente cuando necesita señales de distensión con la Casa Blanca. El dato importa más que el ruido. La pregunta que queda abierta —y que la familia Jin formuló con precisión— es si este gesto marca un giro real para los creyentes en China o si es, simplemente, una ficha de cambio en el tablero diplomático.
