El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de China revisó este martes el borrador de reforma de la Ley de Seguridad Vial, un texto de nueve capítulos y 170 artículos que incorpora por primera vez disposiciones específicas para los vehículos autónomos. La información fue difundida por la agencia oficial Xinhua.
El principio central del borrador es la asignación de responsabilidad: cuando un vehículo autónomo cometa una infracción de tráfico con la función de conducción autónoma activada, serán el fabricante o el importador quienes deberán asumir las consecuencias legales. Si la función no está activada, o si el vehículo solo dispone de sistemas de asistencia, se aplican las normas ordinarias para vehículos convencionales.
El texto también define los conceptos de «vehículo autónomo» y «función de asistencia a la conducción», y aborda la regulación de bicicletas eléctricas y otros problemas emergentes de seguridad vial.
El detonante inmediato de la reforma fue un incidente ocurrido en abril en Wuhan, uno de los mayores centros urbanos del país. Más de un centenar de vehículos autónomos del gigante digital Baidu quedaron detenidos de forma repentina en calles de la ciudad, lo que provocó numerosas llamadas a la Policía de Tráfico y dejó pasajeros atrapados temporalmente. Según Bloomberg, no se registraron accidentes ni heridos, pero el episodio derivó en una revisión de seguridad del sector y en la suspensión temporal de nuevos permisos para robotaxis, antes de que las autoridades reanudaran de forma gradual las autorizaciones.
Entre las compañías que operan programas de prueba y operación comercial de robotaxis en ciudades chinas figuran Baidu, Pony.ai y WeRide. La estadounidense Tesla también busca ampliar en China las capacidades de conducción asistida de sus vehículos.
El movimiento regulatorio de Pekín se produce en un momento en que China acelera el despliegue de tecnologías de movilidad autónoma y sistemas inteligentes de transporte, compitiendo directamente con Estados Unidos en un sector que definirá buena parte de la industria automotriz global en la próxima década.
Conviene mirar los incentivos. La fórmula elegida por Pekín —responsabilidad sobre el fabricante, no sobre el usuario— es coherente con la lógica de un Estado que quiere escalar la tecnología rápidamente sin frenar el consumo, pero que necesita un responsable legal claro cuando el algoritmo falla. Para las empresas del sector, la norma eleva el costo regulatorio y obliga a internalizar el riesgo de cada kilómetro autónomo recorrido; para los competidores extranjeros como Tesla, añade una capa de exposición jurídica en un mercado que ya es complejo de navegar.
El dato importa más que el ruido. China no está improvisando: legisla sobre una tecnología que ya opera comercialmente en sus calles. La pregunta relevante no es si la norma es perfecta, sino si las democracias de mercado —con sus propios marcos regulatorios fragmentados— serán capaces de establecer reglas comparables con la misma velocidad. La historia sugiere cautela ante quienes asumen que Occidente siempre llega primero.
