El gobierno del presidente Kast formalizó el 4 de agosto en el Congreso su Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social, una iniciativa conocida como «megarreforma» articulada en cinco ejes: reconstrucción de zonas afectadas por incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso; reactivación de la construcción; recuperación de competitividad tributaria; agilización regulatoria para reducir la «permisología»; y responsabilidad fiscal.
Dentro del eje tributario, la medida que concentra el debate es la exención total del impuesto territorial —las «contribuciones»— para la primera vivienda de toda persona mayor de 65 años, sin distinción de patrimonio. La disposición entra en vigor desde enero de 2027.
El diagnóstico detrás de la medida
José Navarrete, académico y director del Magíster en Tributación de la Universidad Andrés Bello, identifica el problema de fondo: con cada reavalúo de bienes raíces —que el Servicio de Impuestos Internos realiza cada cuatro años— los avalúos suben, pero los ingresos de los jubilados no necesariamente lo hacen. «Ese desajuste entre avalúo e ingresos es un fundamento legítimo detrás de la idea», afirma Navarrete.
El ingreso personal medio de un jefe de hogar de 65 años o más propietario de su vivienda alcanza los 364.490 pesos mensuales; en el cuartil inferior cae a 230.000 pesos, cifra similar a la Pensión Garantizada Universal. En un hogar donde el ingreso promedio llega a 1.065.000 pesos, una carga tributaria creciente sin aumento equivalente de ingresos representa una presión real sobre el flujo de caja. «El sistema refleja el patrimonio inmobiliario con bastante precisión, pero el flujo de caja con menos», precisa Joaquín Espíldora, CEO de Data Inmobiliaria.
El alcance y el costo fiscal
Según el Ministerio de Hacienda, aproximadamente 1,5 millones de viviendas pertenecen a personas de 65 años o más, equivalente al 33,5% de todos los hogares propietarios del país. De ese universo, el 74% ya está exento porque su avalúo fiscal es inferior a 60.030.710 pesos; el 26% restante accede a pago cero o a una rebaja de hasta 50%.
La exención universal beneficiará a unas 295.000 personas adicionales y generará una merma anual de 70 millones de dólares para las comunas que más recaudaban por esta vía. Para compensarlo, Hacienda comprometió un aporte anual de 190 millones de dólares con cargo al presupuesto fiscal: 80 millones en depósito directo a municipalidades afectadas y 110 millones al Fondo Común Municipal.
Espíldora añade un argumento preventivo: existen hoy 273.462 viviendas de personas mayores avaluadas entre 54 y 60 millones de pesos, actualmente exentas, que en próximos reavalúos podrían quedar sujetas a pago. «Este es el grupo donde el problema todavía no ocurrió y donde una política preventiva rinde más que una exención retroactiva», analiza.
La crítica de la oposición
Representantes de la oposición califican la medida de regresiva: una exención universal por edad beneficia también a propietarios mayores con patrimonio inmobiliario elevado que no enfrentan dificultades de pago. El debate, en esencia, es si un beneficio estatal debe ser universal por condición etaria o focalizado por capacidad económica.
La lectura de Continente
Conviene mirar los incentivos. La exención resuelve un problema real —el desajuste entre avalúos crecientes y pensiones estancadas— pero lo hace con un instrumento de brocha gorda que traslada 190 millones de dólares anuales al contribuyente general para subsidiar también a quienes sí pueden pagar. El dato importa más que el ruido: el costo fiscal supera en más de dos veces la merma municipal que pretende compensar, lo que sugiere que el diseño prioriza el impacto político sobre la eficiencia del gasto.
Un Estado de gobierno limitado debería proteger el patrimonio del adulto mayor sin pensiones suficientes; no debería, en cambio, convertir la edad en un título universal de exención independiente del patrimonio. La diferencia entre ambos objetivos es precisamente la que define si el dinero de los contribuyentes se usa con precisión quirúrgica o con generosidad electoral.
