El tribunal de Shenzhen condenó a cadena perpetua a Xu Jiayin, fundador del gigante inmobiliario Evergrande y en su momento el hombre más rico de China, por una serie de delitos que incluyen falsificación financiera a gran escala, captación ilegal de depósitos públicos, emisión fraudulenta de valores y soborno corporativo.
Xu, conocido internacionalmente como Hui Ka Yan, se encontraba bajo arresto domiciliario desde finales de 2023 y se había declarado culpable en abril, expresando su «arrepentimiento». El mismo tribunal impuso condenas de entre seis y dieciocho años de cárcel a otros cinco altos cargos, entre ellos Zhen Litao, expresidente de Evergrande Real Estate, y Ke Peng, expresidente ejecutivo de Evergrande Group. En total, el caso acumuló 56 sentencias, con una pena mínima de un año y diez meses, según la televisión estatal CCTV.
Las multas son de igual magnitud: 8.820 millones de yuanes (1.311 millones de dólares) contra Evergrande Group y 7.000 millones de yuanes (1.040 millones de dólares) contra su principal filial, Evergrande Real Estate. El tribunal ordenó además recuperar las ganancias ilícitas y, si estas no bastaran, los acusados deberán indemnizar la diferencia.
La sentencia describe que entre 2016 y 2021 el grupo «infló artificialmente los activos y ocultó pasivos» y que Xu «abusó de su posición para organizar fraudes financieros y apropiarse indebidamente de bienes de la empresa bajo el pretexto de repartos de dividendos». Las autoridades chinas ya habían multado a la filial principal con unos 578 millones de dólares por falsificar más de 78.000 millones de dólares en ingresos y 12.700 millones en beneficios, un escándalo que la fuente describe como 20 veces mayor al de Enron en 2001.
Evergrande, con un pasivo total de unos 330.000 millones de dólares, entró en impago en 2021 tras las restricciones de Pekín al financiamiento de promotoras muy apalancadas. En enero de 2024, la justicia hongkonesa ordenó su liquidación en favor de acreedores extraterritoriales, aunque la aplicación de ese dictamen en la China continental permanece incierta dado el estatuto de semiautonomía de Hong Kong. La lectura de la sentencia contó con la presencia de diputados de la Asamblea Nacional Popular y miembros de la Conferencia Consultiva Política, señal de la dimensión política que Pekín quiso imprimir al caso.
Conviene mirar los incentivos. El régimen chino presenta este juicio como prueba de que nadie está por encima de la ley, pero el colapso de Evergrande no fue solo obra de un empresario codicioso: fue también el resultado de años de crédito barato, garantías implícitas del Estado y una burbuja inmobiliaria que las propias políticas de Pekín alimentaron. La condena a perpetua satisface la demanda de ejemplaridad, pero no restituye los ahorros de los compradores de viviendas ni resuelve la crisis estructural del sector.
El dato importa más que el ruido. Un fraude 20 veces mayor al de Enron, auditado durante años por una firma global como PwC sin que saltaran las alarmas, revela fallas sistémicas que ninguna sentencia, por severa que sea, corrige por sí sola. La propiedad privada y los derechos de los acreedores siguen subordinados a la discrecionalidad del Estado chino: esa es la lección que los mercados internacionales deberían retener.
