El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, anunció este martes el inicio de la fase de construcción de lo que denominó una «unidad especializada» para ejecutar a condenados a muerte. El anuncio lo realizó mediante un vídeo difundido en su canal de Telegram, en el que se observa una primera estructura de madera y hierros bajo una carpa azul.
«Prometí promulgar una ley de pena de muerte para terroristas. Se cumplió. Prometí establecer un centro. Se está implementando», declaró Ben Gvir en el vídeo. El ministro añadió que la unidad contará con «cabinas de observación» que permitirán a los afectados y a sus familias «presenciar los procedimientos, como es habitual en muchos países», y que se les garantizarán «permisos de visitantes» para supervisar el proceso hasta la ejecución.
El Parlamento israelí aprobó el pasado marzo una ley que impone por defecto la pena de muerte a los palestinos de Cisjordania —territorio ocupado por Israel— declarados culpables de perpetrar ataques mortales considerados actos de terrorismo por un tribunal militar. Según la ley, las ejecuciones se llevarán a cabo en un plazo de 90 días a partir de la sentencia. La norma no aplica por defecto a los ciudadanos israelíes, quienes —incluidos los colonos— son juzgados en tribunales civiles y no militares.
«Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Prometí empeorar las condiciones de los terroristas en prisión y lo hemos cumplido. Prometí aprobar la pena de muerte para los terroristas y lo hemos hecho. Y ahora el corredor de la muerte y el centro de ejecución también están empezando a tomar forma», señaló Ben Gvir en su comunicado.
«Estamos haciendo historia. Nuestros terroristas solo merecen una cosa: la muerte en la horca», sentenció el político, quien según la fuente es colono y exconvicto por crímenes de terrorismo. Días atrás, según la misma fuente, Ben Gvir sugirió en un podcast que Israel debía matar a «30 o 40» personas cada noche en Gaza.
La fuente también recoge que Francia vetó la entrada a su territorio al ministro, en un episodio vinculado a su trato a activistas de la Flotilla para Gaza.
La decisión de Ben Gvir es, ante todo, un hecho político interno: el ministro construye su capital electoral sobre la demostración de que sus promesas se convierten en estructuras físicas. La distinción que establece la ley entre tribunales militares —para palestinos de Cisjordania— y tribunales civiles —para ciudadanos israelíes, incluidos colonos— es el dato que más peso tiene para cualquier observador interesado en el estado de derecho y la igualdad ante la ley. Esa asimetría, más que el debate sobre la pena capital en sí, es la que definirá el escrutinio internacional al que Israel quedará sometido en los próximos meses. El dato importa más que el ruido: lo que se construye bajo esa carpa azul no es solo un recinto, sino el perímetro de una controversia jurídica y diplomática de largo alcance.
