El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles un acuerdo de no procesamiento con Alibaba Group Holding Ltd. y su procesadora de pagos AUS Merchant Services, por el cual ambas empresas pagarán en conjunto 600 millones de dólares para resolver acusaciones federales.
La acusación central: Alibaba no impidió que decenas de miles de vendedores terceros comercializaran e importaran hacia EE.UU. productos farmacéuticos ilegales, sustancias controladas, químicos regulados y equipos para fabricar pastillas a través de Alibaba.com y AliExpress.com.
El reconocimiento formal
Ambas compañías admitieron que entre enero de 2016 y diciembre de 2024 se registraron aproximadamente 80.000 ventas ilegales que violaron la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, entre otras normas federales. Esas transacciones generaron más de 200 millones de dólares en valor bruto de mercancías, según los documentos judiciales.
La distribución del pago es precisa: Alibaba abonará una multa penal de 125 millones de dólares y decomisará 200 millones adicionales, mientras que AUS Merchant Services —antes conocida como Alipay U.S.— pagará 85 millones en penalidad penal y decomisará otros 190 millones.
Fallas de control documentadas
Los documentos del tribunal detallan que la empresa no incorporó plenamente ciertos datos de transferencias bancarias en su sistema de monitoreo de transacciones, lo que provocó que pasaran inadvertidas operaciones de alto riesgo. En al menos un caso, un comerciante continuó vendiendo productos prohibidos a compradores estadounidenses incluso después de que AUS lo investigó y lo reportó a las autoridades.
Los investigadores federales realizaron más de 40 compras encubiertas de productos farmacéuticos y equipos de falsificación que eran ilegales de importar a EE.UU. AUS Merchant Services también reconoció deficiencias en su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero.
La señal regulatoria
El subsecretario general de Justicia Brett A. Shumate fue directo: «Las empresas que operan mercados en línea —ya sea con sede en Estados Unidos o en el extranjero— deben implementar salvaguardas apropiadas para evitar que actores maliciosos exploten sus plataformas. Si no lo hacen, el Departamento los hará responsables».
Conviene mirar los incentivos. La magnitud del acuerdo —600 millones de dólares— es significativa, pero no devastadora para un conglomerado del tamaño de Alibaba. Lo que sí cambia es el precedente: el DOJ establece que la jurisdicción estadounidense alcanza a plataformas extranjeras que faciliten importaciones ilegales, independientemente de dónde estén incorporadas.
La respuesta de Alibaba
La compañía afirmó haber cooperado plenamente con la investigación. Un portavoz declaró que el acuerdo «refleja un proceso regulatorio exhaustivo con la plena cooperación de Alibaba y nuestro compromiso con los más altos estándares de control, políticas y medidas contra ventas de productos no conformes». Ambas empresas se comprometieron además a fortalecer sus programas de cumplimiento y a continuar cooperando con los investigadores federales.
El dato importa más que el ruido. Durante casi nueve años, un sistema de monitoreo con brechas conocidas permitió que miles de transacciones problemáticas llegaran a consumidores en territorio estadounidense. El acuerdo cierra la causa penal, pero la pregunta que queda abierta es si los nuevos controles prometidos serán auditables y vinculantes, o si se convertirán en otra capa de cumplimiento formal sin consecuencias operativas reales.
