A cuatro meses de que Sudán del Sur celebre las primeras elecciones generales de su historia, la Comisión Electoral sursudanesa encendió una disputa que nadie en la región necesitaba: incluyó formalmente la región de Abyei como el distrito electoral número 12 dentro del estado de Warrap, en el noroeste del país.
Para Yuba, el movimiento es un acto de soberanía respaldado por su propia Constitución. Para Jartum, es una «violación flagrante» de los acuerdos de paz. El Ministerio de Exteriores sudanés denunció una «acción unilateral» que ataca el Protocolo de Abyei del Acuerdo General de Paz de 2005 y los pactos de seguridad de 2011, y exigió a la comunidad internacional que no valide las urnas sursudanesas en la zona, apoyándose en la Resolución 2046 del Consejo de Seguridad de la ONU.
El presidente de la Comisión Electoral sursudanesa, Akok, defendió la medida ante EFE como el ejercicio de un «derecho legal y soberano» y recordó que las demarcaciones utilizadas son las de 2010, previas a la independencia. Añadió un argumento de peso sobre el terreno: es Yuba quien financia los servicios básicos y sostiene la administración civil en Abyei. Por su parte, el ministro de Información de la Administración Especial de Abyei, Akol, confirmó que los preparativos para la votación de diciembre ya han comenzado y descartó de plano las objeciones sudanesas: «Ellos no tienen una presencia real que les permita decidir nuestro futuro».
La disputa no es nueva. El acuerdo de paz de 2005 preveía un referéndum para que la población de Abyei decidiera si unirse al Norte o al Sur, pero esa votación jamás se celebró por diferencias insalvables sobre el censo y los límites territoriales. Hoy, el enclave sigue siendo un motor económico atravesado por rutas de pastoreo y rico en recursos naturales, con una frágil convivencia entre la comunidad dinka Ngok, afín a Sudán del Sur, y los pastores nómadas árabes Misseriya, vinculados a Sudán.
El contexto regional agrava el cuadro. Edmond Yakani, director de la ONG CEPO, advirtió a EFE de que varios grupos Misseriya en zonas fronterizas obtuvieron armas durante el conflicto interno sudanés —en curso desde abril de 2023 entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido— y que algunos se han sumado a ese grupo paramilitar. Si la disputa política se traslada al terreno, el riesgo de fricción armada es real. El analista Majak señaló que lo más probable es que el pulso se mantenga «en el plano político y diplomático» dado el desgaste interno de ambos países, pero advirtió que «el peligro real es que la tensión de las urnas termine contagiando a las comunidades sobre el terreno».
El silencio de la misión de paz de la ONU, UNISFA, y de la Unión Africana no contribuye a despejar la incertidumbre. Tampoco ayuda que los propios comicios de diciembre lleguen ya cuestionados por la oposición sursudanesa, la ONU y la UE, que dudan de que existan las condiciones necesarias para unas elecciones libres.
Conviene mirar los incentivos. Las economías de ambos países están atadas por el transporte del petróleo sursudanés a través de oleoductos sudaneses: ninguno puede permitirse una escalada que corte ese flujo. Esa interdependencia es, paradójicamente, el principal freno a una confrontación abierta. Pero los incentivos económicos no siempre contienen a actores armados no estatales, y Abyei reúne todos los ingredientes para que un incidente local desborde los cálculos de las capitales. El dato importa más que el ruido: si Yuba no logra garantizar seguridad y logística en el enclave, las elecciones de diciembre no solo perderán legitimidad en Abyei, sino que ofrecerán a sus críticos internacionales el argumento definitivo para desacreditar el proceso completo.
