Las fuerzas del Gobierno yemení, reconocido internacionalmente, ejecutaron 133 operaciones militares contra posiciones hutíes en un período de 24 horas, según informó el portavoz de las Fuerzas Armadas, Majid al Nuzaili, en la plataforma X. Las operaciones emplearon lanzacohetes, artillería y drones contra lo que las fuentes oficiales describieron como «capacidades y elementos» de los rebeldes.
El anuncio se produjo un día después de que los hutíes reivindicaran un ataque con misiles balísticos cerca del estrecho de Bab al Mandeb y el puerto de Moca, sobre el mar Rojo. La televisión estatal yemení identificó el barco alcanzado como el Amir Khan, propiedad de un empresario local, que llevaba más de un año amarrado por labores de mantenimiento y no transportaba carga en el momento del impacto. El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, ofreció una versión distinta: afirmó que sus fuerzas golpearon un «buque de desembarco militar» saudí y cuatro lanchas rápidas de escolta frente a Moca.
La divergencia entre ambas narrativas es habitual en este conflicto, pero el dato que no admite disputa es el geográfico: Bab al Mandeb es uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, y cualquier perturbación en esa ruta afecta directamente el comercio global.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó alarma por la escalada. Según su oficina, al menos 17 civiles han sido víctimas de ataques hutíes contra zonas controladas por el Gobierno reconocido solo en lo que va de agosto.
Los hutíes controlan Saná, la capital, y gran parte del norte y el oeste del país desde que tomaron la ciudad a finales de 2014. Las fuerzas afines al Gobierno mantienen el control de sectores de la costa occidental, respaldadas por potencias regionales.
La escalada actual es, según las fuentes consultadas, el peor repunte de violencia entre los hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudí desde la tregua mediada por la ONU en 2022. El detonante inmediato es la reciente creación por parte de Riad de una Alianza Multinacional para la Seguridad Marítima destinada a proteger la navegación en el mar Rojo. Los hutíes interpretaron esa iniciativa como una amenaza directa y respondieron con fuego.
Lo que está en juego va más allá de Yemen. El mar Rojo no es solo el escenario de una guerra civil prolongada: es una arteria del comercio internacional cuya interrupción encarece fletes, presiona cadenas de suministro y traslada costos a consumidores en tres continentes. Que Irán mantenga a sus proxies hutíes activos precisamente sobre esa ruta no es accidental; es una palanca de presión regional con efectos globales.
Conviene mirar los incentivos. Arabia Saudí construye una alianza marítima porque el costo de no hacerlo —ceder el control del estrecho a milicias financiadas por Teherán— supera con creces el costo político de la intervención. El Gobierno yemení, por su parte, necesita demostrar capacidad ofensiva para no quedar reducido a un actor nominal en su propio territorio. La historia sugiere cautela: las treguas en Yemen han contenido la violencia sin resolver ninguna de las causas estructurales del conflicto. Esta escalada confirma que el equilibrio de 2022 era frágil, y que sin un acuerdo político de fondo, cada iniciativa de seguridad marítima puede convertirse en el próximo pretexto para un nuevo ciclo de combates.
