El dato importa más que el ruido: el Cártel Jalisco Nueva Generación ya no se financia únicamente con narcotráfico. El 2 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas dedicadas al transporte, servicios financieros e inmuebles, acusadas de integrar una red de robo de combustible que, según las autoridades estadounidenses, genera decenas de millones de dólares anuales para el cártel mediante evasión fiscal en México.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue explícito en el alcance del problema. «Esta acción destaca hasta qué punto los cárteles de México se están expandiendo más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que continúan traficando drogas mortales que matan estadounidenses», señaló en un comunicado oficial.
La misma jornada, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) emitió una alerta a instituciones financieras para identificar señales de alerta en esquemas de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México. La medida apunta a cortar el flujo de dinero antes de que se consolide en el sistema bancario formal.
Conviene mirar los incentivos. El Cártel Jalisco opera, según la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa, estimado en 19 estados. La expansión territorial no es casual: a mayor control geográfico, mayor capacidad para explotar infraestructura energética. Las autoridades mexicanas han decomisado en años recientes millones de galones de diésel, gasolina y destilados de petróleo en estados fronterizos con Texas. El mecanismo es conocido: el crimen organizado perfora ductos, desvía el combustible y lo distribuye a gasolineras a las que obliga a comprarle, o lo vende directamente en la calle. Las autoridades estadounidenses han llegado a acusar al Cártel Jalisco de operar sus propias estaciones de servicio.
Este movimiento de Washington no ocurre en el vacío. El presidente Donald Trump designó en 2025 al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Las sanciones del 2 de julio de 2026 son, en ese marco, un paso de ejecución: la designación política se traduce ahora en medidas financieras concretas contra personas y estructuras empresariales identificadas.
El ángulo económico merece atención. El robo de combustible —conocido en México como «huachicol»— no es delincuencia menor: representa pérdidas fiscales para el Estado mexicano y distorsiona el mercado energético al introducir combustible sin impuestos que compite con distribuidores legales. Que un cártel haya escalado desde el huachicol callejero hasta la operación de gasolineras propias ilustra una sofisticación empresarial que las sanciones financieras buscan desmantelar desde sus cimientos contables.
La historia sugiere cautela sobre los resultados inmediatos. Las sanciones bloquean activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con los designados, pero su eficacia depende de la coordinación con autoridades mexicanas y de la voluntad política en Ciudad de México para actuar sobre el terreno. Esa voluntad, hasta ahora, ha sido desigual. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hereda una relación con Washington marcada por tensiones en seguridad, y la presión estadounidense mediante instrumentos financieros añade una capa de complejidad diplomática que ninguna de las dos capitales puede ignorar.
El orden internacional premia a quienes controlan sus flujos financieros ilícitos. Mientras México no cierre esa brecha, Washington seguirá haciéndolo por su cuenta.
