El doble terremoto del 24 de junio dejó al descubierto algo más que escombros en Playa Grande, estado La Guaira. Entre los esqueletos metálicos retorcidos de las 196 torres del complejo Hugo Chávez —hoy en proceso de demolición— asomó una fibra de vidrio que a simple vista parecía gomaespuma: el aislante térmico colocado entre paredes de drywall y listones plásticos color celeste. Esa imagen, captada por sobrevivientes y corresponsales internacionales, resume la calidad de lo que el aparato estatal venezolano presentó durante años como una obra modelo.
La constructora turca Summa levantó las 196 torres entre 2011 y 2015 con estructuras prefabricadas. La empresa era hasta entonces desconocida en Venezuela, aunque contaba con trayectoria en estadios y aeropuertos en África y Europa del Este. El propio Hugo Chávez calificó el proyecto como «una maravilla» y elogió la «tecnología muy apropiada para esta zona frente al mar» durante una visita de inspección transmitida por televisión en agosto de 2012, cuando la obra aún estaba en construcción.
Documentos obtenidos por Armando.info revelan que el costo del proyecto supuso un valor promedio de hasta 76.287 dólares por vivienda. Esa cifra, pagada con dinero público venezolano, es el telón de fondo de una trama de favores que la investigación periodística reconstruye a partir de dos nombres centrales.
El primero es Selim Bora, presidente e hijo del fundador de Summa. El segundo es José Gregorio Bracho Reyes, quien estuvo 15 años como representante diplomático de Venezuela en Turquía, primero como cónsul y luego como embajador, en un cargo que ejerció sin experiencia previa en la carrera diplomática. Según Armando.info, las trayectorias de ambos transcurrieron de manera simultánea y se alimentaron mutuamente: Summa concretaba negocios en Venezuela mientras Bracho Reyes ascendía en el escalafón.
El esquema de intercambio de prebendas documentado por la investigación incluyó, según las fuentes, que Bracho Reyes se hiciera de un apartamento en Barcelona, España, y que al mismo tiempo propusiera la designación de Bora como cónsul honorario de Venezuela en una exclusiva ciudad-balneario del Mediterráneo turco. Esa propuesta habría sido canalizada a través del entonces canciller Calixto Ortega, cuñado de Bracho Reyes, según lo que reporta Armando.info.
El dato importa más que el ruido. Lo que el terremoto expuso no fue solo la fragilidad estructural de unas torres de drywall frente al mar, sino la lógica de un sistema en el que el contrato público sirve de moneda para distribuir favores entre funcionarios y proveedores. El costo por vivienda —hasta 76.287 dólares, según los documentos— no compró calidad constructiva; compró lealtades y posiciones.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el Estado concentra la asignación de contratos millonarios sin competencia transparente ni rendición de cuentas, el resultado predecible es exactamente este: obras que no resisten un sismo y redes de beneficiarios que sí sobreviven al desastre. Las ruinas de Playa Grande son, en ese sentido, un argumento físico contra la discrecionalidad del gasto público y a favor de instituciones que protejan al contribuyente antes de que llegue el próximo temblor.
