La Fiscalía General de la Nación inició el miércoles 26 de agosto las audiencias preliminares contra Chirley Mildred Hernández Rojas, funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), acusada de ser la presunta responsable del asesinato de su esposo, Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, funcionario de la Rama Judicial en el Atlántico.
El crimen se registró el 21 de marzo en el apartamento donde la pareja residía junto a sus dos hijos, en el norte-centro histórico de Barranquilla. El juez con funciones de control de garantías decretó la legalidad de la captura durante la diligencia. La audiencia de imputación de cargos fue suspendida y se reanudará este jueves 27 de agosto.
De suicidio a homicidio
El fiscal del caso explicó que la investigación se manejó inicialmente bajo la hipótesis del suicidio: el arma fue hallada al lado del cuerpo y la mano derecha de la víctima estaba ubicada sobre ella. Hernández Rojas declaró que su esposo había llegado al apartamento, consumió licor y que escuchó los disparos desde su habitación.
Sin embargo, las pruebas técnicas desarticularon esa versión. La necropsia practicada por Medicina Legal estableció que el cuerpo presentaba heridas de proyectil en la cabeza, el tórax y el antebrazo izquierdo, con «variabilidad en la distancia de disparo». Los médicos forenses señalaron que la herida en el antebrazo izquierdo «puede ser de carácter defensivo» y que el disparo en la cabeza no presentaba características propias de un disparo por contacto o a muy corta distancia. «Los médicos forenses consideraron que esas heridas no son características de un patrón suicida típico. Se plantea la necesidad de considerar una etiología homicida», citó el fiscal.
La prueba determinante
El elemento más contundente presentado ante el juez fue el análisis de residuos de disparo practicado a Hernández Rojas: se encontraron partículas metálicas asociadas con residuos de disparo en muestras tomadas tanto de sus manos como de sus prendas. «La vinculación de la señora Chirley Hernández Rojas con estos hechos no es producto del azar, ni mucho menos caprichosa, ni producto de un falso positivo», afirmó el fiscal.
Las cámaras de seguridad del conjunto residencial Catedral Plaza permitieron, además, establecer que dentro del inmueble solo se encontraban cuatro personas —la víctima, la imputada y los dos hijos— y que ningún quinto sujeto ingresó al apartamento, descartando así la posibilidad de un agresor externo.
El arma hallada en la escena fue sometida a análisis de laboratorio y resultó apta para producir disparos. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento, al considerar que se cumplen los presupuestos legales para restringir la libertad de Hernández Rojas mientras avanza el proceso.
Lo que el caso revela
El expediente plantea una paradoja institucional que conviene no soslayar: una funcionaria del propio CTI —el brazo investigativo de la Fiscalía— habría utilizado su conocimiento del trabajo forense para construir una escena que simulara un suicidio. Que la misma maquinaria técnica del Estado haya desmantelado esa versión habla bien de la cadena de custodia y del trabajo pericial, pero también expone la vulnerabilidad de las instituciones cuando quienes las integran conocen sus protocolos desde adentro.
El orden y el estado de derecho no se sostienen con declaraciones; se sostienen con evidencia verificable y jueces independientes. En este caso, ambos elementos parecen estar funcionando. El proceso continúa.
