Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, 90 líderes y lideresas sociales fueron asesinados en Colombia, según cifras de la Defensoría del Pueblo. De ese total, 71 eran hombres y 19 mujeres. En el mismo período se registraron 77 masacres que dejaron 300 personas muertas.
El departamento del Cauca encabeza el mapa de la violencia: 21 asesinatos de líderes sociales y 13 masacres en siete meses. Antioquia ocupa el segundo lugar con 11 homicidios de líderes y 11 masacres. Valle del Cauca suma nueve asesinatos, Norte de Santander ocho y Arauca seis. El patrón geográfico no es nuevo: el suroccidente del país y los territorios históricamente disputados por grupos armados concentran la mayor parte de los crímenes.
Abril fue el mes más letal para los líderes sociales, con 18 casos. Le siguieron mayo con 14, y enero y junio con 13 cada uno. En materia de masacres, marzo registró el mayor número de episodios: 14. Enero y abril empataron con 13 cada uno.
La Defensoría también reportó cinco firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en el período: tres en febrero, uno en marzo y uno en abril. Caquetá concentró dos de esos casos; Cauca, Huila y Putumayo, uno cada uno.
La cifra de largo plazo es la que mejor dimensiona la magnitud del problema. Desde enero de 2016 hasta el 31 de julio de 2026, la Defensoría del Pueblo tiene registro de 1.755 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Una década de violencia sostenida que atraviesa gobiernos de distinto signo y que ninguna política de paz ha logrado detener.
La lectura de Continente. El dato importa más que el ruido. Colombia lleva tres años bajo un gobierno que hizo de la «paz total» su promesa central y su principal capital político. Los números de la Defensoría —un organismo del propio Estado colombiano— muestran que esa promesa no se traduce en resultados sobre el terreno: 300 muertos en masacres y 90 líderes asesinados en apenas siete meses no son cifras compatibles con un proceso de pacificación en marcha.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el aparato estatal privilegia la negociación con grupos armados por encima del desmantelamiento de sus estructuras, los territorios en disputa quedan expuestos. Quienes pagan el precio más alto son precisamente las comunidades que los líderes sociales representan. La historia sugiere cautela ante los relatos oficiales de avance: mientras las cifras de violencia no cedan, el diagnóstico honesto es que el Estado colombiano sigue sin ejercer soberanía efectiva en buena parte de su propio territorio.
