Conviene mirar los incentivos antes de leer el gesto como simple pragmatismo aliado.
La administración Trump avanza con una venta de material de defensa valorada en 700 millones de dólares a Turquía, miembro de la OTAN, compuesta en su mayor parte por repuestos para aviones de combate. La operación no pasó por el Congreso: el Departamento de Estado recurrió a un mecanismo que omite la notificación legislativa ordinaria.
El representante Gregory Meeks, demócrata de Nueva York y miembro de rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, denunció que el Departamento de Estado «no intentó siquiera justificar su decisión, no invocó ninguna autoridad de emergencia, no presentó una justificación escrita y durante meses se negó a informarme de buena fe sobre las implicaciones de la venta». La declaración fue compartida directamente con Fox News Digital.
El trasfondo es conocido, aunque no por eso menos incómodo para la alianza. Turquía firmó en 2017 un acuerdo con Moscú para adquirir el sistema de defensa aérea ruso S-400 y lo recibió en 2019. Washington y la OTAN consideraron entonces que la decisión constituía una amenaza de inteligencia y socavaba la cohesión y la preparación de la alianza. La respuesta fue doble: sanciones al gobierno de Erdogan ese mismo año y exclusión de Ankara del programa del caza F-35.
El Congreso fue más allá y aprobó una ley que prohíbe expresamente la participación turca en el programa F-35 mientras el país mantenga el S-400. Esa ley sigue vigente.
La Fundación para la Defensa de las Democracias ha advertido que «la posesión simultánea del S-400 y del F-35 es tan peligrosa porque los dos sistemas operando en proximidad o en red podrían proporcionar a Moscú inteligencia valiosa para derribar F-35 pilotados por estadounidenses y sus aliados». La lógica técnica es directa: el S-400 fue diseñado precisamente para detectar, rastrear y explotar aeronaves furtivas como el F-35.
El Departamento de Estado descartó las preocupaciones sobre la coexistencia de ambos sistemas. Su posición pública es que Turquía es «un miembro sólido de la OTAN».
El dato importa más que el ruido diplomático. La venta se produce días antes de una cumbre de la OTAN, en un momento en que Ankara mantiene relaciones económicas y políticas con Moscú que ningún otro aliado de la alianza sostiene con semejante visibilidad. La historia sugiere cautela: cada vez que Washington ha intentado usar incentivos materiales para reorientar la política exterior turca, Erdogan ha recibido el beneficio sin modificar sustancialmente su postura.
La ecuación de fondo no ha cambiado: Turquía es geográficamente indispensable para la OTAN —controla el estrecho del Bósforo y alberga la base de Incirlik— y esa posición le otorga una palanca que Ankara ha sabido monetizar con administraciones de distinto signo. Trump, que valora los acuerdos bilaterales sobre los marcos multilaterales, parece dispuesto a pagar ese precio.
Lo que queda sin respuesta es el costo institucional. Saltarse la notificación al Congreso, sin justificación de emergencia ni respaldo escrito, establece un precedente que debilita el equilibrio de poderes en materia de ventas de armas. Si la lógica es que la alianza con Turquía justifica cualquier concesión, el Congreso tiene razones para preguntar dónde está el límite. Esa pregunta no tiene respuesta en el comunicado del Departamento de Estado.
