El gobierno de Venezuela y la oposición democrática concluyeron el miércoles una primera ronda de diálogo orientada hacia una posible transición política. El acuerdo más concreto alcanzado en ese primer ciclo fue renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución acusada por la oposición de servir al gobierno. El proceso fue impulsado por Estados Unidos.
Al día siguiente, el Ministerio de Asuntos Exteriores español emitió un comunicado en el que celebró los avances. «Saludamos la celebración de conversaciones entre las autoridades venezolanas y representantes de la oposición democrática, dirigidas a generar las condiciones necesarias para el fortalecimiento de las instituciones y el logro de la normalidad democrática, así como para atender las necesidades del país tras los devastadores terremotos», señaló la nota. Madrid añadió que reitera «su disposición de acompañar a Venezuela en este proceso, así como en la reconstrucción del país».
La mención a los terremotos sitúa el diálogo en un contexto de emergencia humanitaria que, según el comunicado español, también forma parte de la agenda de las conversaciones.
El dato importa más que el ruido. Que la primera ronda haya producido un acuerdo sobre el TSJ —el órgano que avaló los resultados electorales cuestionados por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional— no es un detalle menor. Un poder judicial renovado bajo condiciones negociadas sería el primer cambio institucional verificable desde que la crisis venezolana se agudizó. La pregunta relevante no es si el acuerdo existe sobre el papel, sino si el aparato estatal que ha concentrado poder durante años tiene incentivos reales para ejecutarlo.
Conviene mirar los incentivos. El impulso de Washington es la variable que más pesa en este momento: sin presión externa sostenida, los ciclos de diálogo venezolanos han tendido históricamente a disolverse sin consecuencias para quienes los incumplieron. La participación de Estados Unidos como motor del proceso introduce una dinámica distinta, aunque la historia sugiere cautela ante anuncios que aún no tienen calendario ni mecanismo de verificación públicamente detallado. Para la oposición democrática, el riesgo de participar es real: legitimar un proceso que no desemboque en elecciones libres reforzaría al gobierno; no participar, en cambio, la dejaría fuera de la única mesa disponible. El equilibrio es frágil y los próximos ciclos de conversación definirán si este arranque fue un punto de inflexión o una foto más.
