El sector turístico colombiano llega a su congreso número 30 con una agenda marcada por dos presiones simultáneas: la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto y un desequilibrio estructural en los flujos de viajeros que ningún decreto ha resuelto.
Según Paula Cortés, presidenta ejecutiva de Anato, alrededor de 60 o 62 agencias de viajes resultaron afectadas en cinco departamentos, con unos 400 empleos en riesgo. La organización pide al nuevo gobierno alivios tributarios, apoyo al empleo y créditos con condiciones favorables a través del Fondo Nacional de Garantías para empresas que necesitan reconstruir sus oficinas.
El llamado inmediato es concreto: «no cancelen los viajes» a destinos como el Eje Cafetero, Chocó y Cali. La reapertura del aeropuerto de Pereira, señala Cortés, será determinante para restablecer la conectividad de la región afectada.
El panorama de fondo es mixto. Las salidas de colombianos al exterior crecen un 12 % y las divisas generadas por ese flujo aumentan un 9 %, hasta alcanzar 3.140 millones de dólares en el primer trimestre. Sin embargo, la llegada de visitantes no residentes cayó un 4 %. A eso se suma que la devaluación reduce en cerca de un 30 % los ingresos en pesos de las agencias receptivas por cada dólar cobrado.
Para corregir esa asimetría, Anato propone reducir nuevamente al 5 % el IVA de los tiquetes aéreos y establecer un 0 % de IVA para alojamiento y servicios turísticos, con el objetivo declarado de bajar costos y estimular los viajes nacionales.
En el plano de la oferta, el sector muestra señales de vitalidad. El país cuenta con unos 12.000 registros de agencias, con un crecimiento del 10 %. El 50 % de las ventas todavía se realizan a través de agencias de viajes, lo que indica que la intermediación humana conserva valor incluso frente a plataformas digitales. Destinos como Chocó, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo, La Guajira y Amazonas registran crecimientos importantes de visitantes extranjeros, junto a los tradicionales polos de sol y playa.
El congreso, cuyo lema es «Más allá del algoritmo, viajes que dejan huella», coincide además con los 30 años de la Ley 300 de 1996, primer gran marco normativo del turismo colombiano. Ocho conferencistas nacionales e internacionales abordarán tecnología, inteligencia artificial y factor humano durante dos días de sesiones.
Conviene mirar los incentivos. La propuesta de reducir el IVA al turismo es, en esencia, una apuesta por la libre empresa y el precio como señal: cuando el Estado encarece artificialmente un servicio mediante impuestos, la demanda migra o se contrae. Que el 50 % de las ventas siga pasando por agencias —a pesar de la competencia digital— sugiere que el mercado valora la asesoría especializada cuando el riesgo del viaje es alto o la complejidad es mayor.
El reto para el nuevo gobierno es más de geometría fiscal que de voluntad política: aliviar la carga tributaria sobre el turismo receptivo sin abrir un hueco en las cuentas públicas. El sector aporta divisas, empleo formal y desarrollo regional en zonas donde el Estado llega tarde y mal. Sacrificar esos ingresos en el corto plazo para consolidar una industria que genera 3.140 millones de dólares en un solo trimestre no es generosidad; es aritmética básica.
