Tres semanas después de la entrada masiva del 30 de julio, miles de migrantes que llegaron de forma irregular a Ceuta continúan en la ciudad norteafricana española sin una solución definitiva. Las administraciones intentan habilitar nuevos espacios de acogida, pero la capacidad disponible sigue desbordada.
Este sábado, más de 300 migrantes se concentraban en los alrededores de la zona de Loma Colmenar, donde funciona uno de los dispositivos temporales habilitados tras aquella entrada. El centro está completo. Quienes permanecen en el exterior esperan acceder a una plaza y, en muchos casos, iniciar los trámites para solicitar asilo.
La escena se repite en distintos puntos de la ciudad: personas que deambulan durante el día y buscan lugares donde pasar la noche. Hamza, un joven marroquí que asegura haber entrado irregularmente el 30 de julio, resumió la situación con pocas palabras: «Esperamos cualquier solución». Según su relato, ha dormido en el bosque y se alimenta gracias a Cruz Roja. «No hay espacio por toda la gente», señaló al ser consultado sobre la respuesta que reciben al acercarse al centro temporal.
El Gobierno habilitó nuevos espacios tras el desalojo de la playa del Trampolín, que obligó a trasladar a cientos de personas a otros puntos de acogida. Sin embargo, la medida no ha sido suficiente para contener una situación que, según los propios hechos, continúa abierta.
Miles de migrantes siguen a la espera de poder regularizar su situación o iniciar los procedimientos de protección internacional correspondientes. El dato importa más que el ruido: tres semanas después, el problema no se ha resuelto, sino redistribuido.
Conviene mirar los incentivos. La incapacidad del aparato estatal para gestionar con celeridad una crisis de esta magnitud no es un accidente administrativo; es el resultado predecible de un modelo de acogida que crece por acumulación de emergencias, sin arquitectura institucional que las anticipe ni mecanismos que disuadan entradas irregulares masivas. Cada dispositivo temporal que se llena sin que exista un procedimiento ágil de retorno o de derivación envía una señal clara a quienes evalúan cruzar la frontera.
El coste lo asume, en última instancia, el contribuyente español y la propia ciudad de Ceuta, cuya capacidad de absorción es estructuralmente limitada por su geografía. La historia sugiere cautela ante soluciones que consisten, esencialmente, en añadir más colchonetas a un sistema que no resuelve el fondo del problema: la ausencia de una política migratoria que combine orden en la frontera con procedimientos legales predecibles y rápidos.
