Los gobiernos central y vasco suscribirán un convenio de colaboración para compartir información sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El Consejo de Gobierno vasco aprobó el acuerdo el 27 de agosto; la firma se producirá entre el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
El convenio tiene tres objetivos concretos. Primero, facilitar la búsqueda e identificación de personas vascas desaparecidas fuera de Euskadi. Segundo, hacer lo propio con víctimas de otras comunidades autónomas fallecidas en el País Vasco. Tercero, impulsar la actualización del mapa de fosas de Euskadi y su incorporación al mapa integrado del conjunto de España.
La iniciativa está recogida en el Plan de Actuación de Gogora 2025-2028, que apuesta, según el texto aprobado, por «reforzar la coordinación entre administraciones en materia de memoria democrática, investigación y reconocimiento de las víctimas». El Consejo de Dirección de Gogora autorizó la firma en su reunión del 4 de junio, celebrada con la participación del lehendakari Pradales y de la consejera de Justicia y Derechos Humanos San José.
El mecanismo es técnicamente sencillo: un intercambio de bases de datos entre dos administraciones que hasta ahora operaban con censos paralelos. La novedad no es la voluntad política —ambos gobiernos comparten orientación ideológica— sino la formalización de un canal que, en la práctica, permitirá cruzar registros que permanecían fragmentados por razones burocráticas.
Conviene mirar los incentivos. El gobierno central lleva años construyendo una arquitectura institucional alrededor de la llamada memoria democrática, con el Ministerio de Política Territorial como eje. Cada convenio autonómico amplía esa red y, con ella, el perímetro de actuación del aparato estatal en un ámbito que, por definición, mezcla historia, política y presupuesto público. El dato importa más que el ruido: no se conoce aún el coste operativo del convenio ni los plazos concretos de entrega de resultados.
Desde la línea editorial de Continente, el principio en juego es doble. Por un lado, la identificación de víctimas de cualquier conflicto es una obligación humanitaria legítima que no requiere mayor justificación ideológica. Por otro, la proliferación de institutos, planes plurianuales y convenios interadministrativos dedicados a gestionar el relato del pasado plantea una pregunta que los contribuyentes tienen derecho a formular: ¿qué resultados verificables —fosas localizadas, restos identificados, familias notificadas— produce cada euro invertido en esta burocracia de la memoria? La historia sugiere cautela ante estructuras que se perpetúan más por inercia institucional que por rendición de cuentas. El convenio puede ser útil; la pregunta es si alguien medirá si lo fue.
