El gobierno de Bélgica declaró una emergencia nacional ante la nueva ola de tiroteos vinculados al narcotráfico en Bruselas. La capital registró seis ataques armados en cuatro días y acumuló 65 episodios de este tipo desde comienzos de año, según la fuente.
El ministro del Interior, Bernard Quintin, anunció el despliegue de un pelotón adicional de infantería en la capital, el refuerzo de las unidades especiales de la Policía y de la Policía Judicial Federal de Bruselas, además de la continuidad de las operaciones de la Acción Policial Integral. «Nos enfrentamos a una emergencia nacional. La lucha contra el crimen organizado debe ser una prioridad absoluta para todos los servicios y todos los niveles de gobierno», declaró Bernard Quintin en su cuenta de X.
Los barrios de Anderlecht, Saint-Gilles y Molenbeek quedaron en el centro de la escalada. Los alcaldes de los municipios afectados se reunieron con Bernard Quintin, denunciaron falta de inversión federal y advirtieron que la criminalidad en la capital ya no puede tratarse como un problema local. Los jefes comunales evaluaron incluso activar el artículo 43 de la ley sobre la función policial, una herramienta prevista para amenazas graves e inminentes al orden público cuando los recursos municipales no alcanzan.
Bernard Quintin rechazó las críticas sobre una supuesta desventaja de Bruselas frente a otras ciudades belgas en materia de personal policial y atribuyó la situación actual a entre 20 y 25 años de indecisión en la gestión de la seguridad bruselense.
La presión institucional escaló con la convocatoria del Consejo Regional de Seguridad. El ministro-presidente de la región, Boris Dilliès, citó a una reunión en la sede de Safe.brussels con la participación de Bernard Quintin, el fiscal de Bruselas Julien Moinil, la comisionada nacional antidrogas Ine Van Wymersch, representantes de las zonas policiales implicadas y los alcaldes de la Región de Bruselas-Capital.
Boris Dilliès sostuvo que la respuesta debe ir más allá de operativos puntuales. La región prevé nombrar desde septiembre a un comisionado regional de drogas y reservó 68 millones de euros para seguridad y prevención durante este año. Las autoridades regionales también adoptaron la prohibición de los monopatines eléctricos compartidos a partir del 1 de enero de 2027, ante su uso frecuente como vía de escape en escenas delictivas.
En el plano parlamentario, Bernard Quintin y la ministra de Justicia, Annelies Verlinden, prevén comparecer ante una comisión conjunta para dar explicaciones sobre los episodios de violencia armada. En Saint-Gilles, residentes y asociaciones comerciales organizaron una protesta para reclamar medidas más rápidas contra el crimen organizado.
El dato importa más que el ruido. Lo que Bruselas exhibe no es una crisis coyuntural sino el resultado acumulado de décadas de gestión fragmentada: diecinueve municipios con policías separadas, competencias divididas entre el nivel federal, el regional y el comunal, y una inversión en seguridad que los propios alcaldes califican de insuficiente. El crimen organizado, que no reconoce fronteras administrativas, ha explotado esa arquitectura institucional con eficiencia.
Conviene mirar los incentivos. Los 68 millones de euros reservados por la región y el anuncio de un comisionado antidrogas son señales en la dirección correcta, pero llegan tarde y bajo presión de la calle. La historia sugiere cautela: sin una reforma estructural de la gobernanza policial bruselense y sin voluntad de perseguir las redes de distribución en origen, el aparato estatal seguirá respondiendo a cada tiroteo con más reuniones de coordinación y menos resultados verificables.
