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Endurecer el frente comercial con China: el coste de no actuar supera al de actuar, advierte asesor neerlandés

El Consejo Científico para la Política Gubernamental de Países Bajos alerta de que la dependencia europea de Pekín crece pese a la retórica de autonomía, y pide aranceles aunque provoquen represalias.
Foto: infobae.com
Europajueves 27 de agosto de 2026

El Consejo Científico para la Política Gubernamental de Países Bajos (WRR), organismo independiente que asesora al Gobierno y al Parlamento neerlandeses, publicó este jueves un informe que pide a la Unión Europea adoptar medidas comerciales más duras frente a China, aun cuando eso implique represalias y costes económicos a corto plazo.

El diagnóstico es preciso: Europa acumula dependencias esenciales de las dos mayores economías del mundo —Estados Unidos y China— que no son correspondidas en la misma medida. Lejos de reducirse, esas dependencias siguen creciendo pese a la preocupación política por la autonomía económica del continente.

Subsidios, yuan y precios: la aritmética de la desventaja

El informe cuantifica el desequilibrio. Según los datos recogidos por el WRR, las empresas chinas reciben entre 3 y 8 veces más apoyo público que las compañías de los países de la OCDE. El yuan estaría infravalorado entre un 12 % y más de un 30 %. La combinación de subsidios estatales, moneda depreciada y demanda interna relativamente baja —consecuencia de bajos salarios y bajo nivel de ahorro— permite que numerosos productos chinos sean más de un 30 % más baratos que sus equivalentes europeos.

Esa brecha, concluye el WRR, hace prácticamente imposible que muchas compañías de la UE puedan competir solo con mejoras en innovación y productividad. La política europea centrada en impulsar la innovación, señala el organismo, ya no es suficiente en un mundo donde las grandes potencias usan cada vez más las relaciones económicas como instrumento de presión geopolítica.

Dos opciones, ambas con coste

El informe no ignora los riesgos de una respuesta europea. China podría restringir el acceso a materias primas estratégicas o imponer obstáculos a productos y empresas del continente. Los precios internos subirían. El argumento central del WRR, sin embargo, es que la inacción también tiene un precio: mantener la postura actual podría acelerar la pérdida de capacidad industrial, aumentar las dependencias y dejar a Europa más expuesta a futuras crisis comerciales o al uso de esas dependencias como palanca de presión política.

Entre las medidas propuestas figuran nuevos aranceles a productos chinos y mecanismos que obliguen a los fabricantes del país asiático a demostrar que sus mercancías no se benefician de ayudas estatales consideradas desleales. El organismo reconoce que la mayoría de esas medidas solo serían efectivas a escala de la Unión Europea, no de un Estado miembro aislado.

La recomendación resulta especialmente significativa viniendo de Países Bajos, una economía muy orientada al comercio internacional que ha defendido históricamente mercados abiertos y un sistema basado en las normas de la Organización Mundial del Comercio. «El mundo tal y como lo conocíamos ya no existe», resume el propio WRR, que pide reconsiderar posiciones tradicionales sobre comercio, política industrial y el papel del Estado en la economía.

Lo que está en juego

Conviene mirar los incentivos. El modelo chino descrito en el informe —subsidios masivos, moneda administrada, demanda interna comprimida— no es libre mercado: es mercantilismo de Estado a escala continental. Que un organismo neerlandés, de tradición librecambista, pida aranceles dice más sobre el grado de distorsión acumulada que sobre una conversión al proteccionismo.

El dato importa más que el ruido. Europa no enfrenta una elección entre libre comercio y proteccionismo; enfrenta una elección entre reglas recíprocas o dependencia unilateral. Defender el mercado abierto frente a un actor que no juega con las mismas reglas no es coherencia de principios: es rendición. La pregunta que el informe deja sobre la mesa es si Bruselas tiene la voluntad política para actuar antes de que la pérdida de capacidad industrial se vuelva irreversible.

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