El argumento político más repetido en España durante la última década ha sido sencillo: más empleo equivale a menos pobreza. Los datos del Informe Anual sobre el Estado de la Pobreza en España, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), cuestionan esa ecuación con cifras concretas.
Según el informe, el 11,6% de las personas ocupadas en España vive bajo el umbral de la pobreza. En términos absolutos, eso representa aproximadamente 2,5 millones de trabajadores que cumplen con sus jornadas laborales sin lograr ingresos suficientes para mantener una calidad de vida digna.
El desglose por situación laboral resulta aún más revelador. El 33% de las personas en situación de pobreza tiene un empleo activo, mientras que solo el 19,9% está desempleado. Esto significa que cualquier estrategia gubernamental centrada exclusivamente en la inserción laboral deja fuera, de entrada, al 80% de la población pobre en España, que o bien ya trabaja o bien se encuentra en inactividad —jubilados, personas incapacitadas—.
La tasa AROPE, indicador europeo de riesgo de pobreza y exclusión social, confirma la tendencia: entre las personas trabajadoras apenas ha variado en una década, pasando de un 18% en 2014 a un 16,4% en el último registro. Se crea empleo, pero su capacidad protectora se debilita.
Los expertos del informe señalan como causas la elevada estacionalidad, los salarios bajos y la parcialidad involuntaria. Esta última afecta de forma especialmente acusada a las mujeres, debido a la distribución desigual de las tareas de cuidados no remunerados. El resultado: jornadas reducidas y salarios que no alcanzan a cubrir el coste de la vida. Un 4% de los ocupados se encuentra además en pobreza severa, es decir, ingresa menos del 40% de la mediana de renta nacional, y representa más de un tercio de todos los trabajadores pobres del país.
El informe también apunta a los límites del sistema redistributivo. A pesar de medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el sistema de protección social español solo consigue reducir la pobreza en un 23,2%. La comparación con otros socios europeos es desfavorable: Irlanda logra reducirla en un 51,5% mediante transferencias del Estado, y Francia en un 38,5%. El informe también señala que España invierte menos que la media comunitaria en vivienda, infancia y apoyo a las familias, y que su sistema fiscal presenta alta dependencia de impuestos indirectos regresivos.
Conviene mirar los incentivos. El diagnóstico del informe describe un mercado laboral con peso excesivo en sectores de bajo valor añadido —hostelería y turismo— y una reforma laboral que, según el propio documento, mejoró la duración de los contratos pero dejó prácticamente intacta la parcialidad involuntaria. El aparato estatal ha respondido con más gasto y más regulación; los resultados, medidos por la propia tasa AROPE, muestran un avance marginal en doce años.
El dato importa más que el ruido. Lo que revelan estas cifras no es un argumento a favor de más redistribución burocrática, sino una señal de que la calidad del tejido productivo —y los incentivos que lo moldean— determina el bienestar de los trabajadores más que el volumen de transferencias. Un mercado laboral que genera empleo de bajo valor añadido y jornadas parciales involuntarias no se corrige con subsidios; se corrige con condiciones que atraigan inversión, eleven la productividad y permitan a las empresas ofrecer empleos que paguen lo suficiente para vivir. Mientras la política económica española siga priorizando la intervención sobre la competitividad, los 2,5 millones de trabajadores pobres seguirán siendo un dato estructural, no una anomalía.
