A 27 años del asesinato de Paco Stanley frente al restaurante El Charco de las Ranas, un nuevo documental reaviva preguntas que el sistema judicial mexicano nunca respondió con solidez.
El material se titula Testigos: La verdad tiene voz. Caso Paco Stanley y su productor, Juan Carlos Uribe, explicó en una entrevista con Univisión los detalles del testimonio central. La fuente es Jorge Godoy López, expolicía judicial de Jalisco y antiguo informante pagado de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Según Uribe, Godoy afirma haber estado presente en el momento en que se dio la orden de asesinar al conductor. El escenario, de acuerdo con el documental, fue el Reclusorio Sur, donde Godoy habría compartido espacio con el narcotraficante que presuntamente ordenó el crimen y con quien recibió la instrucción de ejecutarlo.
El móvil: una deuda millonaria
La versión que recoge el documental señala que Stanley habría recibido 4 millones de dólares para una operación de lavado de dinero y no habría devuelto el dinero. «La razón, pues, lógicamente, es dinero, un ajuste de cuentas», declaró Uribe.
El documental identifica a Juan José Esparragoza Moreno, conocido como «El Azul», como el presunto autor intelectual. La persona que habría recibido la orden de ejecutar el crimen sería Carlos Acevedo, «El Pato», a quien la producción señala como exagente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), corporación desaparecida en 1985, y con vínculos posteriores al narcotráfico.
El perfil del testigo
Godoy tiene un historial documentado en el expediente del caso Camarena. Según un archivo de Los Angeles Times de 1997, pasó 28 meses en prisión antes de convertirse en informante de la DEA. Su colaboración estuvo ligada a la investigación del secuestro, tortura y asesinato de Enrique «Kiki» Camarena, agente de esa agencia asesinado en México en 1985. Anteriormente, según el documental, habría trabajado como guardaespaldas de narcotraficantes del Cártel de Guadalajara durante la época de Ernesto Fonseca Carrillo, «Don Neto».
Sobre la demora de casi tres décadas para hacer pública su versión, Uribe explicó que cuando Godoy y otros testigos acudieron a la DEA, la agencia estaba concentrada exclusivamente en el caso Camarena y no mostró interés en el asesinato de Stanley.
Godoy regresó a México después de más de 20 años fuera del país y declaró en conferencia de prensa estar dispuesto a comparecer ante las autoridades mexicanas. También afirmó que Mario Bezares y Paola Durante nunca fueron mencionados en la conversación en que, según su relato, se ordenó el crimen. A Durante le ofreció disculpas públicas por no haber podido actuar en su momento.
Lo que el dato importa
Conviene mirar los incentivos. El caso Stanley fue, en su momento, un ejemplo de cómo el aparato de procuración de justicia mexicano puede convertir una investigación criminal en un espectáculo mediático sin resolución real: dos personas procesadas, ninguna condena firme, y un expediente que cerró sin establecer responsabilidades claras ante la opinión pública.
Si el testimonio de Godoy tiene sustento verificable, la pregunta relevante no es solo quién mató a Stanley, sino por qué las instituciones —mexicanas y estadounidenses— no siguieron esa línea en su momento. La historia sugiere cautela: un testigo que habla 27 años después, con un documental de por medio, exige corroboración independiente. Pero la sola existencia de este relato subraya una falla estructural que trasciende el caso: en México, los crímenes con vínculos al crimen organizado rara vez encuentran justicia cuando las instituciones tienen otros intereses que proteger.
