El regreso de Jorge Godoy López a México, tras más de dos décadas de ausencia, reabrió uno de los expedientes más mediáticos del país. El exagente y testigo protegido de la DEA, vinculado al expediente de «Kiki» Camarena, compareció ante la prensa el 21 de agosto de 2026 para anunciar su disposición a declarar ante la Fiscalía General de la República sobre el asesinato del conductor Francisco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999 frente al restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México.
Godoy explicó que su silencio prolongado obedeció a amenazas del crimen organizado y a las restricciones impuestas por su condición de testigo protegido en el proceso estadounidense. Solo al levantarse esas restricciones pudo regresar al país. «Yo vengo a ponerme a las órdenes de las autoridades correspondientes, porque yo estoy diciendo la verdad y sé cómo se desarrollaron todos los hechos», declaró durante la conferencia.
En la docuserie Testigos: la verdad tiene voz, Godoy identificó a Carlos Acevedo, conocido como «El Pato», como el presunto autor material del disparo contra Stanley. Según su testimonio, la orden habría llegado desde prisión, dictada por un mando superior, y el móvil habría sido una deuda de 4 millones de dólares vinculada a operaciones de lavado de dinero. «Se le dio la orden a Carlos Acevedo porque se le había prestado un dinero para que lo lavara. Era una cantidad de 4 millones de dólares para que se los lavaran y se los entregaran», sostuvo Godoy. El conductor, según esta versión, no habría completado la operación, lo que habría desencadenado la ejecución.
El exagente subrayó que su objetivo no es señalar a Mario Bezares ni a Paola Durante, figuras que arrastraron sospechas durante años, ni tampoco contactar a la familia Stanley. Su propósito declarado es «decir la verdad y liberar esa carga», dejando el resto en manos de la justicia mexicana.
La abogada Estefanía Ávila, representante de Godoy, aclaró durante la rueda de prensa que la carpeta de investigación permanece abierta. Ante la pregunta de un reportero sobre si el expediente estaba cerrado, respondió: «Si no existe el imputado, cómo va a estar cerrada. La carpeta sigue abierta, no ha habido una resolución porque no tienen al homicida, nosotros buscamos cooperar con las autoridades para que se cierre la carpeta con nombre y apellido». Ávila también contextualizó el momento: «Actualmente, el gobierno es otro. Sabemos perfectamente que para que un caso lleve 27 años sin ser resuelto es porque no existieron los medios probatorios o no existió la información adecuada».
El caso Stanley no registra sentencia condenatoria firme. El homicidio conmocionó a la sociedad mexicana en 1999 y, según la fuente publicada en agosto de 2026, permanece sin resolución judicial.
Conviene mirar los incentivos. Que un testigo protegido de la DEA haya guardado silencio durante más de dos décadas no es una anomalía burocrática: es el síntoma de un sistema de justicia que, durante ese período, no generó las condiciones mínimas para que la verdad circulara sin costo personal para quien la portaba. El dato importa más que el ruido mediático que rodea al caso. La pregunta relevante no es si Godoy comparecerá ante la Fiscalía, sino si el aparato institucional mexicano tiene hoy la voluntad y la capacidad técnica para convertir ese testimonio en una acusación sostenible. La historia sugiere cautela.
