Un panameño de 23 años se convirtió en el tercer imputado dentro de las investigaciones por el presunto reclutamiento de nacionales para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Fue aprehendido el 16 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando regresaba en un vuelo procedente de Colombia, identificado mediante una alerta silenciosa de Interpol.
El juez de garantías Edgar Naterón Rodríguez legalizó la aprehensión y admitió la imputación por el presunto delito de trata de personas agravada. El tribunal consideró acreditados riesgos de fuga, afectación de pruebas y peligro para las víctimas y para la comunidad. La defensa, ejercida por Ana María Aznarán, anunció una apelación cuya audiencia fue programada para el 4 de septiembre ante el Tribunal Superior de Apelaciones.
Según la Procuraduría General de la Nación, el investigado habría participado junto con otras personas en la captación de panameños mediante ofertas de trabajo superiores a 2.500 dólares, para trasladarlos posteriormente a un país de Europa del Este. Las autoridades sostienen que esas promesas laborales habrían terminado convirtiéndose en servicios militares forzados, hipótesis que deberá determinarse durante el proceso penal.
Los dos imputados anteriores son Mario Alberto Irwonds Brooks, de 70 años, aprehendido a finales de julio en Tocumen cuando mantenía los pasaportes de dos panameños que presuntamente viajarían hacia Rusia, y Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, de 63 años, veterano de la guerra en Ucrania y señalado por tres víctimas como la persona que presuntamente las reclutó y ayudó a financiar sus gestiones de viaje. Ambos han rechazado los cargos.
Las investigaciones intentan establecer cuántos panameños han participado realmente en el conflicto. Una estimación divulgada el 12 de agosto situó en alrededor de 77 los nacionales que podrían haber estado o permanecer vinculados: cerca de 60 con fuerzas rusas y 17 con Ucrania. Cancillería advirtió que no se trata de un registro definitivo y que las cifras continúan cambiando conforme avanzan los reportes familiares y las comprobaciones consulares.
El Gobierno confirmó al menos un panameño fallecido y casos de compatriotas con quienes sus familias han perdido contacto. Al menos siete nacionales regresaron recientemente al país con apoyo de Cancillería, cinco procedentes de Rusia y dos de Ucrania. Estos últimos denunciaron que sus teléfonos y pasaportes fueron retirados, que firmaron contratos redactados en ucraniano que no pudieron comprender y que no recibieron el dinero prometido. Al solicitar abandonar la brigada, les indicaron que debían permanecer seis meses por el compromiso contractual suscrito.
La dimensión diplomática del caso llegó hasta Moscú el 18 de agosto, cuando el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, recibió a la embajadora panameña Carmen Inés Ávila Ortega. El canciller Javier Martínez-Acha explicó que envió dos comunicaciones a las autoridades rusas para procurar la ubicación de los nacionales y facilitar su eventual retorno mediante un circuito humanitario.
Conviene mirar los incentivos. Lo que estas investigaciones revelan no es solo una red criminal: es la vulnerabilidad de ciudadanos que, ante la ausencia de oportunidades formales, aceptan ofertas opacas canalizadas por redes sociales y aplicaciones de mensajería. El Estado panameño responde con detenciones y gestiones diplomáticas, instrumentos necesarios pero insuficientes si no se acompañan de mecanismos que eleven el costo de operar estas redes y protejan a quienes regresan como testigos clave. La estabilidad jurídica que el gobierno de Mulino ha promovido como sello de país tiene aquí una prueba concreta: la capacidad de procesar estos casos con rigor, transparencia y sin presiones externas.
