Rhode Island se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en restringir por ley el número de cajas de autoservicio permitidas en supermercados. El gobernador Dan McKee firmó la denominada Restrictions on «Self-Service Checkout Stations Act» en una ceremonia pública en Providence, acompañado de trabajadores y líderes locales.
La norma establece una proporción fija: por cada tres estaciones de autoservicio, el establecimiento debe mantener abierta al menos una caja atendida por un cajero humano. Además, el empleado asignado a supervisar el área de autoservicio no puede ser destinado a ninguna otra tarea simultánea, incluido operar una caja convencional. La ley también exige que siempre haya una caja con cajero disponible para cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
El incumplimiento tiene un costo concreto: las multas se calculan sobre la base del salario de un turno completo al nivel de pago más alto del establecimiento, con un techo de 1.000 dólares por día. Si la tienda persiste en la infracción tras ser notificada, puede enfrentar sanciones adicionales bajo las leyes estatales de protección al consumidor. Tanto empleados como consumidores están habilitados para presentar quejas ante el Departamento de Trabajo y Capacitación de Rhode Island, con protección explícita contra represalias.
La presidenta del Senado estatal, Valarie Lawson, presentó el proyecto por preocupación tanto por los trabajadores de caja como por los consumidores que enfrentan dificultades con el autoservicio. «Todos hemos experimentado un problema usando una caja de autoservicio y hemos tenido que esperar a un empleado sobrecargado», señaló Lawson, según las fuentes consultadas, añadiendo que la situación resulta «mucho más desafiante para los adultos mayores».
La industria reaccionó con dureza. La Rhode Island Food Dealers Association (RIFDA) se declaró «vehementemente opuesta» a la legislación. Su portavoz Bromberg argumentó que la automatización en el proceso de pago se ha extendido a todos los formatos de venta al menudeo —ferreterías, grandes superficies, farmacias y cadenas de comida rápida— y que los supermercados están siendo «injustamente señalados». La asociación advirtió que la norma podría derivar en filas más largas y precios más altos, dado que los márgenes del sector son, según sus palabras, «extremadamente estrechos».
Conviene mirar los incentivos. La ley nació en el Senado, fue revisada por la Cámara de Representantes el 10 de junio y aprobada en su versión enmendada al día siguiente, antes de llegar al escritorio del gobernador. El proceso legislativo fue relativamente veloz para una norma que toca directamente la estructura operativa de una industria entera.
El dato importa más que el ruido: la automatización del punto de venta no es un fenómeno exclusivo del supermercado, y una regulación que aplica solo a ese sector crea una asimetría competitiva difícil de justificar en términos de política pública coherente. Si el objetivo declarado es proteger empleos, la lógica debería extenderse o no aplicarse en absoluto. Una norma sectorial selectiva tiende a producir distorsiones más que soluciones.
Lo que Rhode Island ha puesto sobre la mesa es una pregunta que otras legislaturas estatales tendrán que responder: ¿hasta qué punto puede el gobierno prescribir la combinación de trabajo y tecnología dentro de un negocio privado? La historia sugiere cautela ante regulaciones que fijan proporciones operativas por ley; los mercados encuentran ajustes, y no siempre en la dirección que el legislador anticipó.
