El Gobierno de Donald Trump no aceptó extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de forma automática por 16 años adicionales, hasta 2042. En su lugar, el acuerdo seguirá vigente hasta 2036, pero sujeto a revisiones anuales conforme a la cláusula sunset del Artículo 34.7. La primera reunión del proceso de revisión conjunta tuvo lugar el miércoles 1 de julio de 2026.
Conviene mirar los incentivos. Un horizonte contractual que se acorta y se somete a escrutinio anual no es el mismo activo que uno fijo a dos décadas. La diferencia no es semántica: proyectos de nearshoring, manufactura automotriz, centros de datos y maquinaria eléctrica requieren horizontes largos para justificar el gasto en capital, según señaló Priscila Robledo, economista en jefe de Fintual. Con revisión anual, ese cálculo se complica.
La presidenta Claudia Sheinbaum intentó encuadrar el resultado como estabilidad. «El tratado se mantiene, eso es muy importante», dijo en su conferencia matutina del jueves 2 de julio. «Hay certidumbre en la inversión, tan hay certidumbre que se está invirtiendo y no se retiró Estados Unidos del tratado». El tipo de cambio, agregó, se mantuvo estable al momento del anuncio, aunque el peso registró un retroceso posterior.
El optimismo oficial choca con el diagnóstico del sector privado. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que prolongar la incertidumbre puede influir en la planeación de inversiones, especialmente de las empresas integradas en cadenas regionales de suministro. Su llamado fue directo: México debe consolidar el Estado de Derecho, garantizar seguridad para personas y empresas, asegurar energía suficiente y fortalecer la infraestructura logística. «En momentos de incertidumbre externa, nuestro país no puede generar incertidumbre adicional desde el ámbito interno», señaló la organización en un comunicado.
El dato importa más que el ruido. La inversión en México acumula caídas anuales continuas desde la transición de Gobierno entre Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum. En 2025, primer año de la administración actual, la inversión pública se contrajo 28,4% real, la peor caída de gasto en obras en tres décadas, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda. Sobre esa base ya debilitada se añade ahora la presión del nuevo esquema comercial.
Analistas de Banamex sostuvieron que las revisiones anuales «seguirán limitando la inversión privada» y mantendrán la cautela. «Se prolongará la incertidumbre sobre las condiciones del tratado, lo que seguiría teniendo efectos adversos para la inversión», indicaron en una nota económica. Delia Paredes, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), describió las revisiones anuales como un «añadido de incertidumbre al T-MEC».
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) pidió que las próximas rondas de negociación privilegien la certidumbre jurídica y que el proceso «se convierta en una oportunidad para fortalecer la integración productiva del país y no en un factor que retrase inversiones o debilite las cadenas de suministro».
La historia sugiere cautela. México llega a esta negociación con una economía estancada, un sector público que redujo drásticamente su gasto en infraestructura y un entorno de seguridad que los propios empresarios señalan como obstáculo estructural. La arquitectura del T-MEC sigue en pie, pero su utilidad como ancla de largo plazo para la inversión ha quedado condicionada a una agenda de revisión que Washington controlará año a año. El margen de maniobra de Ciudad de México es más estrecho de lo que admite el discurso oficial.
