Una jueza federal en México ordenó este sábado 22 de agosto la prisión preventiva del excontralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de delincuencia organizada con fines de contrabando de combustible. La decisión se produjo tras una extensa audiencia privada por videoconferencia que se inició la víspera y concluyó la tarde del sábado.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que la magistrada tomó la decisión al revisar los datos de prueba ofrecidos por la dependencia. La jueza describió al acusado como un ex servidor público «posiblemente relacionado con una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible» y señaló que «probablemente intervino en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento».
Farías Laguna quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, Altiplano, en el Estado de México. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia —y la determinación de su situación jurídica definitiva— quedó fijada para el miércoles 26 de agosto.
El excontralmirante había sido arrestado el 23 de abril en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, tras la emisión de una ficha roja de Interpol solicitada por la FGR. Su regreso a México no fue inmediato: las autoridades argentinas descartaron en un primer momento su expulsión directa y el caso quedó sujeto a un proceso formal de extradición. Finalmente fue trasladado a territorio mexicano el 20 de agosto.
La FGR lo señala como presunto participante en una red de «huachicol fiscal», denominación local para el tráfico ilegal de combustibles orientado a evadir el pago de impuestos. Según la dependencia, Farías Laguna presuntamente lideraba esa red junto a su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna. La fiscalía no precisó cuál será la situación jurídica de este último. Ambos son sobrinos de José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
El dato importa más que el ruido. Lo que este caso expone no es una anomalía aislada, sino un patrón conocido: redes de contrabando que prosperan dentro —o en los márgenes— del aparato estatal, con acceso a estructuras logísticas y vínculos institucionales que dificultan su desmantelamiento. El huachicol fiscal no es solo un delito contra el erario; es un mecanismo que distorsiona el mercado de hidrocarburos, castiga a los operadores que cumplen sus obligaciones tributarias y transfiere rentas públicas a organizaciones criminales.
Conviene mirar los incentivos. Mientras el Estado mexicano mantenga un régimen de combustibles con márgenes regulados y fiscalización débil en la cadena de distribución, el arbitraje ilegal seguirá siendo rentable. La extradición y la prisión preventiva son pasos necesarios; la pregunta que queda abierta es si el sistema judicial y la FGR tienen la capacidad —y la voluntad política— de sostener el proceso hasta una condena que disuada a quienes aún operan en esa red.
