La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires suspendió el lunes un foro anual sobre regímenes autoritarios organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). Según el director general de la organización, Gabriel Salvia, la suspensión se produjo tras una presión directa de la embajada de la República Popular China sobre la Cancillería argentina, que habría transmitido la orden al recinto legislativo.
«La embajada de la República Popular China presionó a la Cancillería, que dio una orden a la Legislatura de la Ciudad para que la conferencia no se realice», afirmó Salvia. El dirigente responsabilizó, según sus dichos, al titular de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, y a Luis Fernando del Solar Dorrego, a cargo de la Dirección de Asia y Oceanía.
Desde el Palacio Legislativo, en cambio, la versión fue otra: los impulsores «no cumplieron con los requisitos administrativos solicitados para pedidos de salón». Dos relatos incompatibles, una sola consecuencia verificable: el foro no se realizó donde estaba previsto.
El detonante, según Salvia, fue la presencia anunciada de Dolkun Isa, expresidente del Congreso Mundial Uigur, exiliado en Alemania y reconocido activista en defensa de los derechos de la minoría étnica uigur. Isa iba a cerrar un encuentro dividido en cuatro paneles, previsto en línea con el Día de Conmemoración de las Víctimas de todos los Regímenes Totalitarios y Autoritarios, que se celebra el 23 de agosto. CADAL realiza esta actividad de manera anual desde 2011; ediciones anteriores se celebraron en la propia Cancillería en 2016 y en el ex CCK en 2017. «Es la primera vez que se suspende», subrayó Salvia.
Los uigures son una minoría étnica de religión musulmana asentada principalmente en Xinjiang, en el noroeste de China, donde se calcula que viven unos 12 millones de personas, cerca del 45 por ciento de la población total de la región. A mediados de 2022, un informe de la ONU elaborado bajo la conducción de la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet documentó «graves violaciones de los derechos humanos» en Xinjiang, incluyendo detenciones arbitrarias a gran escala, torturas, restricciones a la libertad religiosa, vigilancia masiva y separación de familias. Beijing encuadra sus políticas en la región bajo la premisa de combatir el «terrorismo, separatismo y extremismo religioso».
Ante la suspensión, el foro se trasladó al Club Alemán de Buenos Aires, donde finalmente se realizó. Isa participó en el panel de cierre junto al abogado Marcelo Alegre, con la moderación de la politóloga María de los Ángeles Lasa.
Salvia añadió que CADAL «perdió relación» con la Cancillería desde la gestión de Diana Mondino y que en esta ocasión no recibió explicaciones oficiales.
Conviene mirar los incentivos. Si la versión de CADAL es correcta —y la Cancillería no la ha desmentido con documentación—, el episodio ilustra un patrón conocido: gobiernos que priorizan el vínculo comercial o diplomático con Beijing por encima de compromisos básicos con la libertad de expresión y de reunión en su propio territorio. Argentina no es el primer país en enfrentar esta disyuntiva, ni será el último. Lo que sí resulta llamativo es que la presión, de haber existido, haya apuntado no a un acto oficial sino a un foro académico en un recinto legislativo, espacio por definición abierto al debate.
El dato importa más que el ruido. Una democracia que cede espacios de deliberación ante la demanda de un régimen autoritario extranjero no solo afecta a los organizadores del foro: erosiona la credibilidad de sus propias instituciones ante quienes, dentro y fuera del país, observan si las palabras sobre libertad tienen algún respaldo en los hechos.
