Más de 26 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 4 de octubre para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el padrón definitivo comprende a 26.314.648 ciudadanos residentes en el país, más 76 ciudadanos extranjeros habilitados para votar en comicios municipales.
En juego hay 13.148 autoridades distribuidas en 25 regiones, 196 provincias y 1.696 distritos. El ámbito regional concentra 414 cargos: 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. El ámbito municipal suma 11.734 puestos, entre 196 alcaldes provinciales, 1.724 regidores provinciales, 1.696 alcaldes distritales y 9.118 regidores distritales.
La jornada incorpora dos novedades geográficas: Alto Trujillo, en La Libertad, y Santa Rosa de Loreto, en Loreto, dos distritos de reciente creación cuyos ciudadanos elegirán por primera vez a sus autoridades locales.
La ONPE prevé instalar más de 10.000 locales de votación en más de 1.000 distritos y alrededor de 2.000 centros poblados. Más de 800.000 ciudadanos serán sorteados para integrar las mesas de sufragio como titulares o suplentes.
Estos comicios completan el calendario electoral de 2026. En abril, los peruanos eligieron al Ejecutivo, 60 senadores, 130 diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Octubre cierra el ciclo con la disputa por los gobiernos subnacionales.
El dato importa más que el ruido. Los gobiernos regionales y municipales no son instancias decorativas: son el nivel del aparato estatal que ejecuta la mayor parte de la inversión pública en infraestructura, salud y educación básica. Quien controle esas 25 gobernaciones y los principales concejos provinciales tendrá en sus manos presupuestos considerables y la capacidad de facilitar —o entorpecer— la actividad económica local.
Conviene mirar los incentivos. En un país donde la fragmentación política es estructural, la proliferación de candidaturas suele traducirse en autoridades electas con mandatos débiles y escasa rendición de cuentas. El reto para el ciudadano no es solo acudir a las urnas el 4 de octubre, sino exigir a los candidatos programas concretos de gestión fiscal y apertura a la inversión privada. La historia reciente del Perú subnacional —marcada por obras paralizadas, contratos cuestionados y recursos mal ejecutados— sugiere que la calidad del voto importa tanto como su cantidad.
