La Policía de Investigaciones de Chile organiza el Summit Crimen Organizado – «Una amenaza global», que se celebrará el 17 y 18 de agosto en la Escuela de Investigaciones Policiales. El encuentro reunirá a representantes de instituciones policiales, ministerios públicos y organismos internacionales especializados provenientes de Australia, Brasil, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Estonia, entre otros países.
El eje central de la cumbre es el lavado de activos y la adopción de nuevas tecnologías por parte del crimen organizado. El prefecto inspector Valenzuela, jefe nacional de Gestión Estratégica de la PDI y uno de los organizadores, explicó el problema con precisión: «El crimen organizado se adapta, se expande y va diversificando sus actividades ilícitas y las finanzas criminales tienen un factor común para cualquier mercado delictual, ya sea narcotráfico, trata de personas, estafas telefónicas, y ese es el dinero. Esto ha hecho que vayamos mutando al dinero digital y las criptomonedas, lo que tiene una trazabilidad mucho más compleja».
Entre los participantes destaca Estonia, que según Valenzuela figura en los principales rankings internacionales como el país más digitalizado del mundo, gracias a soluciones tecnológicas gubernamentales aplicadas a sectores como movilidad, salud, finanzas, ciberseguridad y educación. Su presencia apunta a trasladar esa experiencia al combate de las finanzas ilícitas.
Valenzuela recordó que la PDI acumula más de 30 años operando contra el crimen organizado y que en semanas recientes asestó golpes a grupos transnacionales como el Tren de Aragua. La institución se presenta así como un referente regional en la materia y busca potenciar ese rol mediante el intercambio de conocimientos con pares de otros continentes.
El propósito declarado de la cumbre es triple: compartir experiencias, fortalecer la cooperación internacional y promover el intercambio de conocimientos frente a una criminalidad que, por definición, no respeta fronteras.
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Conviene mirar los incentivos. El crimen organizado transnacional opera con lógica de mercado: diversifica productos, adopta tecnología y arbitraje jurisdiccional para reducir riesgos y maximizar rendimientos. Las criptomonedas no son la causa del problema, pero sí han ampliado el perímetro de acción de organizaciones que antes dependían de circuitos financieros más fáciles de rastrear. Que una institución policial convoque a Estonia —referente en gobierno digital— junto a potencias de inteligencia como Estados Unidos y Australia sugiere que el enfoque va más allá del operativo clásico: se trata de construir capacidad analítica y tecnológica de largo plazo.
El dato importa más que el ruido. Chile enfrenta una presión creciente del crimen transnacional, como ilustra la presencia del Tren de Aragua en su territorio. La respuesta institucional —cooperación técnica, intercambio de inteligencia, actualización de herramientas— es exactamente el tipo de inversión en orden público que protege el entorno donde opera la libre empresa. Sin seguridad jurídica y sin control de las finanzas criminales, los mercados legítimos pagan el costo en forma de extorsión, competencia desleal y erosión de la confianza. La cumbre, modesta en formato, apunta a un problema de primera magnitud.
