Un caso que combina crimen organizado, corrupción institucional y una cadena de muertes sin resolver mantiene en vilo a la Secretaría de Marina de México. Fernando 'N', ex contralmirante y sobrino del extitular de esa dependencia, Rafael Ojeda, permanece detenido en Argentina acusado de liderar una red de huachicol fiscal. Su abogado, Epigmenio Mendieta, confirmó a El Financiero que el exmilitar sigue preso y que teme regresar a México.
El temor, según la defensa, no carece de fundamento. «Es real que se han privado de la vida a ocho personas derivado de estos hechos», declaró Mendieta. Las víctimas incluyen, según el litigante, imputados, testigos y mandos de la Marina y de la Fiscalía General de la República (FGR), todos fallecidos en circunstancias que el abogado califica de «poco claras».
Mendieta precisó que el 18 de agosto se comunicó con su cliente para informarle sobre los rumores de un posible traslado inminente a México. La defensa rechazó esa posibilidad como prematura: el juicio de extradición ante la justicia argentina está programado para el 27 de agosto, y paralelamente sigue abierta una solicitud de asilo político presentada por el exmilitar ante las autoridades de ese país.
En abril pasado, Fernando 'N' compareció ante un juez federal argentino, quien lo notificó formalmente de la solicitud de extradición presentada por México. Para la defensa, cualquier traslado antes de que ese proceso concluya constituiría «una violación al derecho internacional y a los derechos humanos» del imputado.
Institución bajo presión
El caso expone una fractura profunda dentro de una de las instituciones que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha utilizado como pilar de su estrategia de seguridad. La Marina no es solo un cuerpo castrense: en los últimos años ha absorbido funciones de inteligencia, aduanas y hasta administración portuaria. Que un ex contralmirante —con vínculos familiares directos con quien encabezó la dependencia— sea señalado de operar una red de defraudación fiscal ilustra el costo de expandir el aparato estatal sin los contrapesos institucionales correspondientes.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una institución acumula poder, presupuesto y opacidad simultáneamente, el riesgo de captura interna no disminuye: se multiplica. La cifra de ocho muertos vinculados al expediente —si se confirma— no es un dato periférico; es la señal más elocuente de que el Estado mexicano no controla plenamente la investigación que, en teoría, conduce.
El dato importa más que el ruido. Mientras el gobierno presenta a la Marina como garantía de orden, un tribunal argentino decidirá en días si entrega a uno de sus ex altos mandos. El resultado de esa audiencia del 27 de agosto dirá más sobre la credibilidad institucional de México en el exterior que cualquier comunicado oficial.
