El Concejo Municipal de Nueva York votó el martes para derogar una norma de 2009 que obligaba a los negocios a instalar rejas de seguridad con al menos 70% de transparencia. La decisión llegó justo antes de que entrara en vigor, el 1 de julio, la aplicación de multas de hasta 1.250 dólares por incumplimiento. El problema: varios comerciantes ya habían gastado miles de dólares para cumplir con una ley que ahora no existe.
Gustavo Rodríguez, gerente de un supermercado Key Food en el Bronx, resumió el agravio con una pregunta directa: «¿Por qué hacernos cambiar algo que no necesitábamos cambiar?». Su local desembolsó aproximadamente 70.000 dólares en nuevas rejas semitransparentes tras recibir una visita de un inspector municipal a principios de año. Rodríguez señala, además, que las antiguas rejas eran más resistentes ante intentos de robo, y que las nuevas, al ser más ligeras y visibles, podrían atraer a ladrones.
Abdul Abdullah, propietario de Stadium Souvenirs frente al Yankee Stadium, también invirtió en puertas nuevas pese a contar con rejas «muy sólidas y duraderas» desde los años ochenta. En el extremo opuesto, George Manesis, dueño del bar Billy's Sports en la calle 161, evitó un gasto de 90.000 dólares al no cumplir con las indicaciones del municipio, decisión que ahora califica de afortunada.
La concejal Susan Zhuang, impulsora del alivio legislativo, cifró el costo promedio del cumplimiento en «10.000 dólares o más por local, en un momento en que nuestros comercios menos pueden permitírselo». El Concejo aprobó además que la obligación de instalar rejas transparentes solo aplique cuando un negocio deba reemplazar su reja por otras razones, no de forma retroactiva.
La norma original se aprobó como medida antigraffiti, pero su aplicación práctica nunca fue sistemática durante casi quince años. Fue la inminencia de las multas lo que activó el gasto de los comerciantes, y fue la presión política —un proyecto de ley presentado en mayo para eximir a los negocios existentes— lo que precipitó la derogación. El Departamento de Edificios indicó que contactará a los propietarios para informarles del cambio «y que no sean tomados por sorpresa de nuevo».
Rodríguez, resignado, dijo que quizás busque asesoría legal para intentar recuperar algo del dinero invertido. Hasta el momento de publicación, la concejal Althea Stevens, patrocinadora del proyecto de derogación, no había respondido a solicitudes de comentario.
Conviene mirar los incentivos. Una ley dormida durante casi dos décadas cobró vida repentinamente cuando el aparato municipal activó su mecanismo de multas. El resultado fue predecible: los comerciantes más cumplidores —aquellos que respondieron a las visitas de inspectores y actuaron de buena fe— son quienes asumen las pérdidas. Quienes ignoraron las notificaciones, en cambio, se libraron del gasto. Es un sistema que premia la resistencia a la regulación y castiga la obediencia, exactamente el incentivo contrario al que debería generar un gobierno funcional.
El episodio no es anecdótico. Es la pequeña empresa urbana absorbiendo el costo de la indecisión legislativa: sin compensación, sin disculpa formal y con la promesa de que esta vez el Departamento de Edificios «no los tomará por sorpresa». La historia sugiere cautela ante esa promesa.
