La Comisión Nacional de Elecciones de Morena, encabezada por Citlalli Hernández, abrió la posibilidad de que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, «sea valorado en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia». Hernández describió el intento del gobernador de volver al gobierno como «una actuación unilateral que realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo», y anticipó que «los órganos internos decidirán».
El episodio ocurre en pleno proceso de nominación de los llamados «coordinadores» estatales de cara a las elecciones de 2027, lo que amplifica su costo político para el partido. Legisladores morenistas han advertido que el caso representa un fuerte «calambre» para el movimiento.
El líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, reconoció el momento: «Es momento de crear una clase dirigente sacudida de viejos vicios y de vinculaciones indeseables». En el mismo tono, advirtió a los cuadros del partido que «actúen con generosidad, hagan una actividad lícita, honrada y eviten deserciones, fracturas, rupturas o confrontaciones», y les recordó que rumbo a 2027 «pueden moverse» las encuestas «una vez que se conozca la persona».
Mientras el partido delibera puertas adentro, Sinaloa sigue requiriendo el envío de más militares ante la persistencia de la violencia. El contraste con el vecino Durango resulta ilustrativo: la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, informó que, según el Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, la percepción de seguridad creció un 25%, resultado que atribuye a la coordinación con la Federación, programas de antidoping sorpresa y aumentos salariales a policías.
En otro frente, el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca respondió en video a señalamientos de la mañanera que lo describieron como «prófugo de la justicia». El panista negó esa condición y enlistó, según su dicho, nombres de políticos morenistas bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado: «Esos son a los que les quitan la visa por apoyar grupos criminales… Sus políticos». Aprovechó además para anunciar su intención de competir en 2030 «con más ganas, con tal de sacarlos», en respuesta a la anunciada reforma que prohibiría la presidencia a quienes tengan doble nacionalidad.
Finalmente, una entrevista con la streamer Emma Coronel —esposa de Joaquín Guzmán Loera— se viralizó en las últimas horas. Coronel relató su historia con el capo, su detención en febrero de 2021 y los 31 meses que pasó en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.
La lectura de Continente. El caso Rocha condensa un problema estructural del oficialismo mexicano: la dificultad de distinguir entre lealtad partidaria y responsabilidad institucional. Que sea la propia maquinaria interna de Morena —y no el sistema judicial— la que evalúe la conducta de un gobernador en funciones dice mucho sobre dónde reside el verdadero poder de control. Conviene mirar los incentivos: mientras el partido administre las consecuencias de sus propios funcionarios, el estado de derecho seguirá siendo una variable dependiente de la aritmética interna del movimiento, no de las instituciones que deberían garantizarlo.
