El secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, convocó a los partidos políticos a revisar y vigilar a sus candidatos de cara al proceso electoral de 2027, con el objetivo de evitar que postulen a personas con antecedentes delictivos o posibles vínculos con grupos de la delincuencia organizada.
Desde el Palacio de Gobierno, Maldonado Ceballos fue explícito: «No postular a candidatos que pudieran tener algún antecedente delictivo o alguna relación con algún grupo criminal». El llamado apunta a las dirigencias partidistas como primer filtro, antes de que la responsabilidad recaiga sobre las autoridades electorales o de seguridad.
El secretario subrayó que la carga no corresponde únicamente al aparato estatal, sino también a las instituciones políticas y a quienes participan en ellas. En los comicios de 2027, los morelenses elegirán 36 presidentes municipales y 20 diputados locales, ocho de ellos de representación proporcional.
El contexto no es menor. Morelos figura entre los estados con mayor presencia de grupos del crimen organizado en la vida municipal, un fenómeno que en ciclos electorales anteriores se tradujo en candidaturas cuestionadas y funcionarios electos con investigaciones pendientes. Que sea el propio secretario de Gobierno quien emita el aviso público revela que el problema es reconocido desde adentro del oficialismo estatal.
Conviene mirar los incentivos. Un partido que postula a un candidato con nexos criminales obtiene, en el corto plazo, financiamiento, operación territorial y votos movilizados. El costo lo paga el municipio durante tres años: contratos irregulares, policías cooptadas, obras fantasma y ciudadanos sin acceso real al Estado de derecho. La advertencia de Maldonado Ceballos es correcta en su diagnóstico, pero la historia sugiere cautela respecto a su eficacia: sin mecanismos de verificación independientes y consecuencias jurídicas concretas para las dirigencias que ignoren la señal, el llamado corre el riesgo de quedarse en declaración de buenas intenciones.
El dato importa más que el ruido. Lo relevante no es el comunicado de hoy, sino qué instrumentos de escrutinio —vetting de inteligencia, registros públicos, auditorías de origen de financiamiento— estarán disponibles para los partidos y para los ciudadanos antes de que cierren los registros de candidaturas. Sin esa arquitectura institucional, la libre empresa política seguirá premiando a quien tenga más recursos, independientemente de su procedencia.
