Una congregación de religiosas lleva décadas gestionando un tramo de playa en Spotorno, localidad costera de Liguria, y destinando los ingresos a una escuela infantil y un campamento de verano para niños. Ahora, el ayuntamiento les exige competir en licitación pública como cualquier operador privado. La prensa local bautizó el conflicto como una «guerra santa».
Las Hermanas de la Caridad de Santa María administran el complejo Bagni Gino Garrone desde la década del 70. El establecimiento alquila sombrillas y reposeras, y los beneficios financian actividades benéficas, entre ellas una escuela infantil que aún funciona en Spotorno. La hermana Miranda, religiosa octogenaria convertida en portavoz de la protesta, interpeló directamente al alcalde Mattia Fiorini en una reunión pública. «¿Por qué el ayuntamiento quiere quitarnos nuestra playa? Si lo hacen, ni siquiera podremos mantener la escuela en funcionamiento», declaró al Corriere Della Sera.
Fiorini, de centroizquierda, responde que la figura jurídica que permitía a ciertas entidades gestionar playas con finalidad social ya no existe en el marco normativo vigente. La categoría de «playa benéfica» fue eliminada del nuevo Plan de Utilización de la Propiedad Estatal Marítima, y la Guardia Costera clasifica el establecimiento de las monjas como un balneario convencional. El municipio pretende además reservar alrededor del 40% de sus playas para acceso libre o con servicios, frente al 3,5% actual.
El trasfondo es una disputa de dos décadas entre Italia y la Unión Europea. La llamada directiva Bolkestein establece reglas de competencia para determinados servicios, y las instituciones europeas y los tribunales italianos la han interpretado como incompatible con la renovación automática de concesiones balnearias. Sucesivos gobiernos italianos postergaron su aplicación ante la resistencia de un sector con fuerte peso económico y político. El gobierno de Giorgia Meloni terminó aceptando un calendario: las concesiones actuales deberán someterse a procedimientos competitivos antes del 30 de junio de 2027.
La congregación advierte que transformar el establecimiento en una playa de acceso gratuito reduciría drásticamente sus ingresos, poniendo en riesgo la financiación de sus actividades educativas. «Nos encomendamos al Señor y al buen juicio de los políticos, con la esperanza de que se encuentre una solución», cerró la hermana Miranda. Fiorini, en cambio, invitó a las religiosas a participar en la licitación y destacar por escrito «los beneficios que ofrecerán a la comunidad».
Conviene mirar los incentivos. La directiva Bolkestein apunta, en principio, a un objetivo legítimo: que el acceso a bienes públicos —la costa, en este caso— no quede capturado indefinidamente por operadores sin competencia. El problema es que la burocracia de Bruselas y los ayuntamientos que la ejecutan no distinguen entre el rentista que acumula concesiones y la congregación que financia una escuela con 50 metros de playa. Aplicar la misma regla a ambos no es neutralidad; es indiferencia institucional ante consecuencias muy distintas.
El dato importa más que el ruido. Spotorno tenía apenas un 3,5% de playas de acceso público antes de esta reforma. El déficit era real. Pero la solución que elimina categorías jurídicas sin prever mecanismos de ponderación social transfiere el costo del ajuste regulatorio a quienes menos capacidad tienen de absorberlo. Si las monjas pierden la concesión, la escuela infantil pierde su fuente de financiamiento. Eso no es un efecto colateral menor: es exactamente el tipo de consecuencia que una regulación bien diseñada debería anticipar.
