Rebeca Fideleff vive en Epuyén, un pueblo chubutense de poco más de 2.800 habitantes ubicado 160 kilómetros al sur de Bariloche. Tiene 54 años, dos hijos adultos y un diagnóstico que, según ella misma admite, «no tiene cura»: un cáncer que comenzó en el colon y se fue expandiendo a otros órganos a lo largo de cinco años.
El recuento es preciso y duro. Fideleff acumula 36 ciclos de quimioterapia y cuatro cirugías. La última, el 31 de marzo de este año, terminó sin el resultado esperado. «Me enfrenté al famoso 'me abrieron y me cerraron'», relató en diálogo con La Nación. Fue, según sus palabras, la primera vez que el cáncer le mostró que «algunas veces las cosas no salen».
Todo empezó en 2021, en plena pandemia. Fideleff había postergado sus propios síntomas —dificultades para evacuar el intestino, tratadas con laxantes— mientras gestionaba una cirugía de trasplante de córnea para su hijo mayor, Nazareno, quien padecía queratocono bilateral. Un dolor que describe como «inimaginable» la llevó de urgencia al hospital de Esquel, donde le extirparon todo el colon, que presentaba varios tumores, y le practicaron una ileostomía. Siguieron seis ciclos de quimioterapia, un período de relativa calma y luego las primeras metástasis, en el peritoneo y el músculo psoas. Después vinieron 12 ciclos más de quimio y 18 ciclos de terapia dirigida.
Hoy, con nuevas metástasis y un tumor activo en el cuerpo, Fideleff no habla de rendirse. «Los médicos me dicen que hay tratamientos todavía, y voy a empezar uno», afirma. Pero la experiencia acumulada —incluida la muerte del padre de sus hijos, quien falleció en 45 días sin ningún tratamiento— la llevó a un planteo diferente: «¿Cuántos días tiene que durar una agonía?»
Esa pregunta se convirtió en acción. En abril pasado lanzó una petición en Change.org que ya supera las 28.000 firmas y reclama la legalización de la eutanasia en Argentina. «Mi lucha es para que, cuando el dolor invada mi cuerpo, no tenga que sufrir hasta el final», escribió en la petición. La propuesta, según explica, estaría regulada mediante procedimientos médicos y «no obliga a nadie»: solo daría una opción a quienes, tras mucho sufrimiento, decidan ponerle fin a una agonía sin salida.
El marco legal vigente es la ley 26.742, que permite limitar tratamientos y reconoce directivas anticipadas, pero no autoriza ninguna acción directa para causar la muerte. La distancia entre esa norma y lo que Fideleff reclama es el centro del debate que ella, desde su página de Facebook «Rebe y su mundo oncológico», instaló con miles de visualizaciones.
El caso plantea una tensión que los parlamentos de varios países ya han tenido que resolver. La eutanasia activa está legalizada en un número acotado de jurisdicciones; en América Latina, el debate es incipiente. Argentina, con una ley de cuidados paliativos y directivas anticipadas pero sin más, queda en un punto intermedio que, para pacientes como Fideleff, resulta insuficiente.
Conviene mirar los incentivos del debate con precisión. La discusión sobre el final de la vida no es solo filosófica: involucra el diseño de sistemas de salud, la carga sobre familias y el rol del Estado como árbitro de decisiones profundamente personales. Una ley bien acotada —con salvaguardas médicas, plazos y verificación independiente— es distinta a una política de eutanasia sin controles. El dato importa más que el ruido: lo que Fideleff pide es regulación, no ausencia de ella. El Congreso argentino tiene ante sí una petición con más de 28.000 firmas y una cara visible que no habla desde la abstracción, sino desde un cuerpo con metástasis y un calendario incierto. La pregunta que queda abierta es si las instituciones están dispuestas a procesar ese debate con la seriedad que merece.
